Castro precisó que este proceso tuvo irregularidades desde el inicio, el 4 de mayo de 2023, cuando Ernesto Pólit, director ejecutivo de la CTE, lanzó un concurso público que «terminó en tiempo record», donde dos consorcios privados participaron para colocar 147 radares, no obstante, sin ninguna justificación aparece luego la cantidad de 480 dispositivos.
A criterio de Castro, esta negociación develó las verdaderas intenciones de un contrato recaudatorio, donde Seviecu y Ecuatransit obtenían el 45 % de la comisión, mientras que la CTE se quedaba con el 55 %. «Estamos hablando de contratos que dejan una ganancia actual de USD 1.000 millones», reveló.
El expediente del ‘caso Buitres’, como lo denominó Castro, fue un trabajo coordinado con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y fue enviado a la Secretaría de Integridad Pública, la cual a su vez lo remitió a los entes de control y la CTE, que el martes 05 de mayo anunció la suspensión de los primeros radares que habían sido instalados.
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