El presidente Rafael Correa envió el jueves 1 de diciembre a la Asamblea el proyecto de ley para capturar la plusvalía en la venta de inmuebles. La norma, que tiene el carácter económico urgente, llegó con el nombre de Ley Orgánica para evitar la Especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos. El Legislativo tiene 30 días para tramitar la propuesta oficial.

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Apenas arrancó diciembre, el presidente Rafael Correa anunciaba el envío de un nuevo proyecto de ley de plusvalía.  La normativa llegó a la Asamblea Nacional con el carácter de económico urgente. Es decir que lo legisladores tienen un plazo de 30 días para tramitar el nuevo proyecto.

El Consejo de Administración Legislativa ya calificó el proyecto de ley para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos y decidió que sea la Comisión de Gobiernos Autónomos la que tramite el texto.

El proyecto enviado el jueves plantea gravar con una tarifa del 75% a la ganancia extraordinaria en la venta de bienes inmuebles, luego de reconocer una ganancia ordinaria al propietario. Asimismo, a través de una fórmula podrá descontarse el valor de adquisición del inmueble, que consta en la escritura, al igual que las mejoras realizadas en el inmueble.

Según el presidente Rafael Correa, la normativa está enfocada en defender los derechos de las mayorías y que los recursos que ingresen por ese concepto estarán destinados a los municipios y no al Gobierno Central.

Pero las críticas no se han hecho esperar. El candidato a la Presidencia por CREO, Guillermo Lasso, cree que la propuesta será una herramienta de distracción ante el panorama electoral

Por su parte, Verónica Arias, asambleísta por ARE, dijo que el objetivo central es evitar que se especule el valor de la tierra, impedir ganancias extraordinarias ilegítimas y que exista un verdadero control y regulación por parte del Estado orientado a planificar el desarrollo nacional, por tanto, «establecer una estructura que permita a los municipios funcionar de manera más eficiente con recursos para generar obra.

Pero la crítica más fuerte vino desde el Municipio de Guayaquil. El alcalde Jaime Nebot afirmó que el proyecto no evita la especulación sino que perjudica a la ciudadanía, agrava el desempleo y elude la prosperidad de las familias ecuatorianas.

La norma además busca, según el Gobierno, recaudar rentas a favor de los cabildos. En el proyecto de ley se establece que la totalidad de lo recaudado por los municipios irá para la inversión de estos gobiernos autónomos.