Desestabilización y conspiración son dos términos que han retumbado con fuerza en la esfera política nacional durante las últimas semanas. La arremetida final del presunto pacto entre el expresidente Rafael Correa, y el líder Social Cristiano, Jaime Nebot, fue motivo de análisis con legisladores de tres sectores que oponen sus posturas dentro de la Asamblea Nacional. La amnistía a 268 ciudadanos judicializados, entre los que se encuentran figuras protagonistas del correísmo, profundizó la teoría planteada.

En Decisiones con Jorge Ortiz, el asambleísta independiente y presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, reconoció y legitimó la indignación ciudadana frente a su voto favorable para otorgar amnistías a 268 personas durante la Sesión 767 del pleno legislativo. «Es lo más difícil y doloroso que he hecho en mi corta vida política; lo que hice me duele más que a los quiteños», aseguró.

Sin embargo, Villavicencio explicó que el país debe comprender que, dentro del grupo de amnistiados, también existían defensores de la naturaleza y líderes sociales que no merecían la persecución de la que han sido objeto. «Menos del 20% de los amnistiados corresponden a los hechos de octubre de 2019« apuntó el legislador, y aseguró que «la gran mayoría son perseguidos durante el gobierno de (Rafael) Correa y (Lenín) Moreno».

En este sentido, expresó que su voto favorable en la Asamblea respondió a los compromisos que tiene con sus mandantes, y recordó que durante la Sesión parlamentaria no se dio paso a su moción para que el informe regrese a la Comisión de Fiscalización para que se analice caso por caso los procesos de los involucrados. No obstante, indicó que la Comisión de Garantías Constitucionales, «controlada por el correísmo y Pachakutik», impidió que se vote de forma discriminada.

Ante la posible teoría de que su voto afirmativo se basó en mantener su presidencia de la Comisión de Fiscalización, Villavicencio aseguró que no fue así, y adelantó que renunciará a esa mesa legislativa, pues no piensa quedarse como «guillotinero».

Asimismo, Villavicencio recordó que el tema de fondo es lo que quiso hacer el movimiento correísta durante las protestas de 2019, que habría pretendido desvanecer los nombres de sus líderes que figuraban en distintos casos de corrupción en el país. Manifestó que durante la Sesión que trató las amnistías, el movimiento afín a Correa «ya tenía los votos para tomarse la Asamblea y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social«, en alianza con el Partido Social Cristiano y el ala rebelde de Pachakutik. No obstante, la intención no prosperó debido a la ausencia de dos de sus legisladores, aunque aseguró que aquello va a suceder “en cualquier momento”.

Adelantó que el pacto entre ‘revolucionarios’ y Social Cristianos también busca removerlo de la Comisión que preside, pues pronto se presentarán nuevos casos de corrupción donde figuran nombres de esas bancadas. Finalmente, volvió a recomendar al Presidente Guillermo Lasso que aplique la figura de la muerte cruzada, pues la estructura de la Legislatura “no ha funcionado desde la Constitución de 2008”.

Por su parte, Yeseña Guamaní, segunda Vicepresidenta de la Asamblea Nacional y asambleísta por la Izquierda Democrática (ID), defendió su postura durante la votación en las amnistías, la cual fue de abstenerse. Explicó que el bloque de la ID no estuvo de acuerdo en la metodología que se llevó a cabo, pues también consideró que se debió hacer una distinción de casos y no votarlos en bloque.

Guamaní señaló que el tema se manejó de forma «estratégica», pues si se daba paso a una evaluación individual, la bancada correísta no hubiese dado paso a las amnistías de los ciudadanos inocentes. Además, compartió el criterio de que los seguidores de Correa y Nebot buscan hacerse de los poderes de la Asamblea y otros organismos estatales, ya que se ha evidenciado que no buscan dar cumplimiento a las agendas de interés nacional, si no a las propias.

Este pacto estaría orquestado por las dos fuerzas políticas, que buscarían apoderarse del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para poner a las autoridades de la Contraloría y el Consejo Nacional Electoral, precisamente previo al proceso electoral seccional de 2023.

De su lado, Salvador Quishpe, asambleísta por Pachakutik, reconoció la molestia que ha causado esta decisión en un sector de Quito, al haber dejado sin efecto los procesos que pesaban contra quienes atentaron contra la propiedad pública y privada durante las movilizaciones de octubre de 2019. No obstante, recordó que los acontecimientos suscitados en ese período responden a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional, en particular respecto a la firma del Decreto 883, que eliminaba el subsidio a los combustibles.

Quishpe aseguró que siempre ha sido crítico del correísmo, y que la defensa de los líderes sociales que fueron amnistiados no responde a una alianza con ese sector, sino que fue en favor de sus derechos y en defensa de la democracia. En cambio, criticó que los involucrados en la muerte de 11 personas durante las manifestaciones de octubre, «como la exministra de Gobierno, María Paula Romo, o el exministro de Defensa, Oswaldo Jarrín« no hayan sido judicializados hasta la fecha. «De ellos no se dice nada», añadió.

Aseguró que, de su lado, no permitirá que se tome por asalto la Asamblea Nacional ni ningún organismo de control. «Exigimos correctivos a nuestros compañeros, que le dejen de hacer juego a los que quieren volver al Poder», expresó. Además, hizo público su apoyo a Fernando Villavicencio para que “se pare duro” en torno a los casos que se presentan en su Comisión, para frenar el proceso desestabilizador que se lleva a cabo al interior del Parlamento.

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