Otros dos contratos de $1,4 millones cada uno, que no se gestionaron durante la emergencia, también han llamado la atención, esta vez por los procedimientos. La Defensoría del Pueblo puso reparos.
En enero del 2020 se inició el proceso de contratación del servicio de una agencia de publicidad, que brindaría servicios y productos para fortalecer y difundir la imagen del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). El pedido lo hizo el Departamento de Comunicación y fue aprobado por el Consejo Directivo.
El 20 de febrero, la Dirección de Comunicación inició el proceso de Régimen Especial (sin concurso) para elegir a la empresa. Se invitaron a tres: Brandialogue Comunicaciones Interactivas; Fernández Dávalos Cía. Ltda. y Tacle Vaca María Gabriela. Las dos primeras corrieron por el contrato de $ 1,4 millones, más el IVA.
Con un capital suscrito de $400, Fernández Dávalos recibió la recomendación de adjudicación de tres delegados del IESS. Obtuvo 100/100 en la calificación.
Esta tiene experiencia en temas de comunicación en el sector público, pues dio servicios en el Consejo Nacional Electoral (CNE), en el 2014, en la organización y coordinación logística para el programa de Observación electoral.
También consta como invitada por el Banco Central del Ecuador para el contrato de $1,2 millones de la campaña de promoción del dinero electrónico, en 2016.
Tras reclamos en redes sociales sobre un gasto que se consideraba excesivo, el 31 de marzo el IESS salió al paso de lo que denominó “denuncias malintencionadas” y aseguró que el proceso tenía el objetivo de comunicar la gestión institucional y proyectos en beneficio de los asegurados. Entre ellos, los programas Médico a domicilio en territorio, pago oportuno de pensiones y fomento a la afiliación.
La entidad aclaró que no existe ningún contrato ni desembolso para comunicación. Pero recién el 1 de abril, Cecilia Ojeda, subdirectora de Compras Públicas (e) remitió a la directora de Comunicación, Iliana Tinoco, un proyecto de resolución para declarar desierto el proceso. Esto después de un pronunciamiento de la Procuraduría del IESS.
El otro contrato cuestionado es el llevado adelante por el Hospital General del IESS del sur de Quito para la adquisición de reactivos y dispositivos para el laboratorio por $1,48 millones que se realizó con la modalidad de subasta inversa. Fue adjudicado el 23 de octubre a Asesores Legales del Ecuador, Asesoleg, cuyo objeto social tiene que ver con actividades de notarios públicos, prestación de asesoramiento en general. Sus representantes son Ivanna Álvarez Moreira y José Luis Yánez Luna.
En los registros del Servicio de Rentas Internas, presenta $0 de impuestos a la renta y salida de divisas desde el 2017.
En la Asamblea
El pasado jueves, el presidente del Consejo Directivo del IESS, Paúl Granda, habló ante el pleno de la Asamblea. Deslindó responsabilidad por el contrato y dijo que no se aferraba al cargo. Inicialmente, los bloques preveían exigirle al presidente Lenín Moreno la salida de Granda, pero la resolución no se aprobó en esos términos.
Fuente: El Universo – Nota Original: aquí
