Paulina Mogrovejo, vocal del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM), en entrevista exclusiva para Notimundo a la Carta con Marcela Holguín, se refirió al concurso de frecuencias que culminará este 30 de junio.
Así, indicó que la solicitud de aplazar el concurso por parte de legisladores de oposición al secretario de la Asociación de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, es falsa, ya que lo que se solicitó en su lugar, es que se haga una observación del proceso de frecuencias por parte de la OEA para así garantizar la transparencia del concurso. Mogrovejo aseguró que es necesario que tanto la ciudadanía como organizaciones internacionales se instalen en veedurías, para garantizar que se lleva a cabo un concurso transparente.
Afirmó que la petición que hacen legisladores de oposición a pocos días de finalizar el concurso, se debe a temas políticos y que actúan como voceros de precandidatos presidenciales, como es el caso de Guillermo Lasso. La funcionaria, sin embargo, afirmó que lo que se busca con este concurso es que exista un equilibrio en la distribución de las frecuencias “para que el sector comunitario puedan ubicarse en un nuevo mapa de comunicación social, independientemente de las próximas elecciones, porque es un derecho histórico de este sector”, comentó.
De igual forma, argumentó que la Ley de Comunicación es una ley que reemplaza una ley orgánica de la dictadura, que pese a que prohíbe una discriminación, había grupos sociales que se encontraban excluidos y que en estos tres años de funcionamiento de la Ley, se ha logrado que existan derechos y acceso a la información para personas con discapacidad a través de lenguaje de señas, que se respete la cultura de pueblos indígenas, mejorar el sueldo de profesionales de comunicación, se ha permitido la visualización de productores audiovisuales y artistas nacionales a través de radio. Según Mogrovejo, “hay una gran cantidad de derechos que han sido reivindicados a partir de la Ley Orgánica de Comunicación Social y que se pretende eliminar por intereses proselitistas”.
Aseguró que la Ley no pretende coartar la libertad de expresión sino que busca que los medios no discriminen y que, en el caso de ser necesario, exista el derecho a la réplica y rectificación. Mencionó que las sanciones en primera instancia no son económicas sino que, en caso de que en un medio se produzca discriminación, se dé una disculpa pública y que, en el caso de réplica y rectificación, la misma se la realice en un plazo máximo de 72 horas. Si en el medio no hay una disculpa pública o existe una reincidencia, se procederá a multarlo y si se niega el derecho a la réplica o rectificación, se procederá a sancionarlo económicamente.
Por otra parte, aclaró que este jueves concluye el plazo de solicitudes por parte de todos aquellos que deseen concursar por una frecuencia de radio y televisión tanto del sector privado como comunitario. La funcionaria indicó que espera que el concurso ayude a que haya una distribución más equitativa y democrática. Asimismo indicó que la Ley establece una distribución de las frecuencias de un 33% para el sector privado, 33% para el público y 34% para el comunitario y esta distribución se la deberá hacer progresivamente. Finalmente, indicó que lo que se busca es promover las industrias culturales, que las cuotas que se establecen y promover los derechos humanos que ya están en la Ley de Comunicación.
