Para el próximo 30 de agosto está previsto el inicio del cierre y apagado de los pozos petroleros del Bloque 43 o ITT. En NotiMundo al Día, David Almeida, secretario general de la Asociación de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo, detalló que el proceso podría tomar más tiempo y causar graves daños ambientales. Además, alertó que, sin el Bloque ITT, existe el riesgo de otras actividades, como la tala ilegal.

El Bloque 43 o ITT (Ishipingo, Tiputini, Tambococha). Foto: Ministerio de Energía y Minas

Almeida precisó que la producción petrolera en 2023 fue de aproximadamente 386.000 barriles, mientras que, en el primer semestre de 2024, la misma alcanzó los 387.000 barriles. «No hay una caída ni tampoco un incremento», apuntó.

No obstante, señaló que sí se evidencia una reducción en las operaciones del Bloque 43 o ITT, debido a que desde finales del año pasado se detuvieron las inversiones y con ello el yacimiento está en una «declinación natural», producto de la consulta popular que determinó que el crudo en esa zona debe permanecer bajo tierra.

Según Almeida, la detención de las operaciones del Bloque ITT va a provocar una reducción estimada de 50.000 barriles por día y cerca de USD 1.200 millones al año que dejaría de percibir el Estado. Asimismo, recordó que desde el sector de los trabajadores del área petrolera se advirtieron los efectos que tendría la consulta, y algunos de ellos ya se han concretado, como el incremento del IVA y del precio de los combustibles.

Almeida explicó que el desmontaje de un campo petrolero es algo sin precedentes en el mundo, por lo que no resulta sencillo llevarlo a cabo. «Primero se debe hacer un abandono de cada pozo (donde son cerca de 200), y eso podría tomar 200 días por cada uno», alertó. Por ello, solo en este proceso se daría de entre 5 a 9 años. Posteriormente se debe taponar con cemento los pozos y finalmente el desmontaje de las instalaciones y los ductos enterrados.

Para evitar la contaminación en el Yasuní, añadió Almeida, se requiere prácticamente una «operación quirúrgica».

«Esto fue descabellado desde un inicio, pero no hubo quién haga entrar en razón a la Corte Constitucional ni a quienes hicieron la consulta; podríamos tener afectaciones al ambiente y quedará una zona sin resguardo, lo que podría dar paso a otros problemas, como la tala ilegal», advirtió.

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