En Notimundo A la Carta, Fernando Emanuele, representante de la Comisión de Petróleo de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), señaló que, si luego de la Consulta Popular se detiene la extracción de crudo en el Yasuní, se sentaría un “mal precedente” para el desarrollo de futuras inversiones. Afirmó que la Corte Constitucional cometió un error al considerar que existe una afectación a la seguridad jurídica por este tipo de actividades.

Créditos: EP Petroecuador

En conjunto con las elecciones anticipadas que se realizarán el 20 de agosto de 2023, la ciudadanía votará también por la consulta popular impulsada por el Colectivo Yasunidos, que plantea la posibilidad de que se detenga la producción petrolera en los yacimientos ubicados en el ITT, en el Parque Nacional Yasuní.

Previamente, la CCQ emitió un comunicado manifestando que el dictamen de admisibilidad de la CC respecto al referendo, además de afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas, “carece de sustento jurídico, resulta extemporánea y está divorciada de la realidad económica que vive el país”.

Sobre este tema, el representante de la Comisión de Petróleo, Fernando Emanuele, aseguró que la CC “se equivocó” al afirmar que no existe un riesgo a la seguridad jurídica, pues se analizaron únicamente los contratos de preventa, por lo que se reduce a una visión mínima de lo que implica el sector petrolero.

Explicó que los proyectos de producción de crudo implican varios años de exploración, llegada al mercado y desarrollo, por ende, si gana el “SÍ” en la consulta, posibles empresas que deseen inyectar capital al Estado, no tendrán la misma seguridad en invertir.

¿Qué se debió haber hecho?

Para Emanuele, son USD 1.500 millones al año que recibe el Estado por la extracción de 55 mil barriles de crudo al día en el ITT, por lo que es inviable que el país “se dé el lujo” de prescindir de estos recursos.

“El desarrollo del ITT está pensado para suplir la declinación de otros campos que están en estado de madurez, y que son más costoso mantenerlos. Hacer conservación no es bloquear proyectos, es hacer que funcionen alineados con los mayores estándares”, declaró.

Con esto en cuento, indicó que lo ideal hubiese sido plantear una consulta popular para destinar ingresos por cada barril de petróleo (entre uno a tres dólares) a un fideicomiso destinado a un monitoreo ambiental, o para invertir en un fondo de contingencia para recuperar la condición en la zona operación.


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