Jessica Jaramillo, abogada especialista en Derechos Humanos, aseguró que en el Ecuador, no todo acto de violencia se denuncia. Según datos de la Fiscalía General del Estado, durante el 2020 se registraron 100 acusaciones diarias de este tipo; sin embargo, Jaramillo indicó que las llamadas de auxilio reportadas podrían triplicar esta cifra. Además, señaló que a esta estadística se sumarían otros casos que se desarrollaron durante el cierre de las Unidades judiciales por tres meses, debido a la pandemia de COVID-19.

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En NotiMundo Al Día, la abogada especialista en Derechos Humanos, Jessica Jaramillo, indicó que todavía el país no cuenta con un sistema judicial de atención adecuado a la víctima de violencia, para que esta pueda presentar la denuncia respectiva. Esto se debe a que, en primera instancia, la persona maltratada debe acudir, inmediatamente, a la Unidad de Flagrancia, que en el caso de Quito, solo existe una sucursal al norte de la ciudad. Además, debe esperar por lo menos, 4,5 o 6 horas junto a antisociales, detenidos, abogados, entre otros, para ser atendida. Jaramillo puntualizó que en otras ciudades del país, este panorama empeora.

Además, manifestó que en el caso de las mujeres, es muy difícil que presenten una denuncia en contra de su agresor, por lo que muchas veces conviven con él diariamente y no tienen otro espacio seguro a donde ir.

Según la Fiscalía, entre el 2014 y el 2021 se han reportado 459 víctimas de femicidios, de los cuales 80 se registraron en 2020 y 8 en lo que va del presente año. Jaramillo explicó que estas cifras no coinciden con la contabilización de los grupos feministas, donde se muestra que hubo 118, el año pasado, y 20 en el actual, por lo que los debidos procesos pueden cambiar en el curso de la investigación

Por otro lado, manifestó que durante el 2018, 6 de cada 10 mujeres sufría algún tipo de agresión, ya sea física, psicológica o verbal; mientras que en 2019, esa cifra aumentó a 7 de cada 10. Jaramillo señaló que actualmente esa estadística pudo incrementarse aún más. Lo que revelaría que las acciones gubernamentales para la erradicación de esta problemática “no han servido para nada“.

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