El gobierno rechaza que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos facilite la aplicación retroactiva del Tratado Bilateral de Inversiones en beneficio de Chevron, según un comunicado divulgado este viernes por la Secretaría de Comunicación (Secom).

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Organizaciones reclaman acción del gobierno contra Chevron - Créditos: Agencia Andes

Ecuador considera que esta es una decisión “desacertada y contraria al derecho internacional” pues la petrolera Chevron, que dejó cuantiosos daños en la Amazonía ecuatoriana durante sus operaciones en el país, se ampara en un Tratado que entró en vigencia en 1997, cinco años después que Texaco abandonó el Ecuador.

La Corte Suprema estadounidense negó el pasado 6 de junio la petición de Ecuador de revisar la sentencia emitida por la  Corte de Apelaciones del circuito del Distrito de Columbia, en relación al reconocimiento del laudo del arbitraje internacional sobre los casos comerciales conocido como Chevron II.

“Ecuador, como un Estado donde se garantiza derechos y justicia, reconoce las obligaciones que nacen de los tratados y acuerdos internacionales suscritos, pero demanda que éstos se ajusten a los principios del derecho internacional, incluyendo la irretroactividad, el debido proceso y transparencia”, dice en el comunicado.

El gobierno ecuatoriano rechazó tajantemente las declaraciones del asesor y portavoz de Chevron, James Craig, quien ha exigido al país ‘cumplir’ con obligaciones ya  realizadas en defensa de los intereses y derechos que tiene el país.

“Craig representa una transnacional cuyo manejo irresponsable devastó la Amazonía y pretendió, con cinismo, a sabiendas del daño irrogado, exigir pagos esgrimiendo interpretaciones alejadas de todo fundamento legal y ético cuando son ellos quienes deben reparar las afectaciones al territorio y sus pueblos amazónicos, mediante el pago de más de 9 mil millones de dólares”, sostiene el gobierno ecuatoriano.

Según el comunicado, este tipo de pronunciamientos no han hecho más que “presionar ilegítimamente” además de deslegitimar la posición del gobierno ecuatoriano que busca que la transnacional cumpla con sus obligaciones tras dejar años de contaminación y destrucción.

Por otro parte, el gobierno ecuatoriano asegura que se ha hecho todo lo acorde para “proteger los intereses del país”, además de reconocer y cumplir con sus obligaciones internacionales en el pasado y lo seguirá haciendo en el futuro.