En Notimundo al Día, Geraldine Guerra, presidenta de la Fundación Aldea, explicó que la reparación a los familiares de las víctimas de femicidio debe ir más allá de una indemnización económica, que es lo que muchas veces ocurre con la justicia en el país, y recordó que en Ecuador se establecen normas, desde la Constitución hasta Ley Orgánica para prevenir la Violencia, donde se garantiza la reparación integral.
Señaló que cuando un juez dicta una sentencia hay muchas particularidades que pueden ocurrir y que dilatan el proceso. Por ejemplo, si se establece un monto de USD 100.000, puede ser cancelado hasta que el femicida obtenga nuevamente su libertad, «que pueden ser 30 o 40 años mientras está en la cárcel». Por otro lado, puede ocurrir que el procesado se declare en quiebra, lo que también dilataría la búsqueda de justicia.
Por ello sostuvo que se debe mirar a la reparación integral más allá del ámbito económico, con factores que le competen al Estado y que en estos casos los podría agilizar, como becas de estudio, vivienda, salud mental, inserción laboral, vestimenta, entre otros. «Mientras sigamos leyendo la norma con un sesgo, como que no importara, las familias siguen en la impunidad», apuntó. Otra de las medidas de reparación es, por ejemplo, la fijación de una recompensa para cada femicida, para que su búsqueda sea más efectiva y puedan responder ante la justicia por el delito cometido.
#GeraldineGuerra: «El bono por femicidios se ha entregado a menos de 200 hijos de las víctimas. Desde el 2014 hasta el 2020 hay más de 1000 huérfanos. @InclusionEc no cuenta con un listado real, el bono tiene una serie de requisitos administrativos»
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— NotiMundo (@notimundoec) October 3, 2022
Guerra criticó que el bono para hijos de mujeres víctimas de femicidio haya alcanzado apenas los 200 beneficiaros, cuando desde la sociedad civil se ha informado a las autoridades que, desde el 2014 hasta el 2020 existen más de 2.000 huérfanos a causa de este crimen. «El Estado no puede reparar porque el MIES no cuenta con un listado», rechazó. Además, añadió que la entrega de este bono tiene una serie de condiciones y requisitos administrativos.
Otras medidas para lograr una reparación real tienen que ver con la salud mental, área que no ha tenido un acompañamiento por parte de las autoridades, aseguró.
Guerra destacó que desde hace varios años está reconocido en la Constitución el sistema de protección integral para víctimas de violencia, lo que implica que varias instituciones gubernamentales deben reunirse para coordinar acciones para cada caso específico. No obstante, en Ecuador se reúnen estas mesas «a tomarse fotos, a comer refrigerios y a firmar papeles», criticó, pues hasta el momento continúan falencias para acompañar a los hijos de mujeres asesinadas.
Añadió que la inestabilidad emocional y familiar que causa un femicidio requiere un verdadero acompañamiento psicológico, pero que si no se lo hace a tiempo puede acarrearse mayores consecuencias. «¿Cómo creen que está la salud mental de un adolescente que mira cómo un padre mata a su madre?», se preguntó.
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