La Corte Constitucional designó a la Defensoría del Pueblo a que realice el seguimiento para prever que las medidas que se tomen en el estado de excepción del sistema penitenciario se realicen en el marco de la protección de los derechos humanos.
Por este motivo, el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, afirmó que esta institución ha determinado que el grave problema de hacinamiento carcelario se debe al «abuso de la prisión preventiva» y la falta de la garantía del «derecho fundamental» de la presunción de la inocencia.
«Las cárceles están llenas de personas que no deberían estar ahí. El 34% de la población carcelaria se encuentra sin sentencia, con prisión preventiva. Desde la reforma al Código Penal en el 2014, se pasó de un índice de hacinamiento del 1% al 40% en dos o tres años», afirmó Carrión.
#FreddyCarrión: «Hay gente en las cárceles que no debería estar ahí, no tienen sentencia ejecutoriada.» #CárcelesEcuador @DEFENSORIAEC pic.twitter.com/caCyV52uGI
— NotiMundo (@notimundoec) 3 de junio de 2019
Para modificar esta realidad, informó el Defensor, se ha presentado una resolución para cambiar el sistema de acumulación de penas. Anteriormente, por ejemplo, la condena de una persona con posesión de drogas se acumulaba según la cantidad de sustancias que poseyere; sin embargo, ahora, se tomará únicamente la pena proporcional a la sustancia que más condena represente.
Además, Carrión afirmó que la clave para entender estas resoluciones radica en que se tomen medidas sustitutivas a la prisión preventiva, que garanticen dicho derecho de la presunción de la inocencia del acusado. No obstante, «esto no se debe aplicar en delitos por abuso sexual, asesinato u otros que signifiquen una alta peligrosidad del supuesto delincuente», agregó.
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