En Ecuador se mantiene un histórico debate sobre la interrupción del embarazo en casos de violación. La Asamblea Nacional estableció que el plazo para esta práctica será de 22 semanas, para las menores de 18 años, y hasta 20 en el caso de las adultas. Este álgido debate mantiene posturas inamovibles por parte de partidarios y detractores, pero en la búsqueda de consensos aparecen en la palestra varios puntos de debate.

Silvia Buendía, abogada y defensora de los Derechos Humanos, enfatizó en que el aborto en Ecuador no puede girar en torno a la perspectiva del derecho de la mujer o al asesinato de un ser inocente, sino a que hay un proyecto de Ley que viene de una sentencia «profundamente razonada» de la Corte Constitucional, para decidir si se puede encarcelar o no a una víctima de violación que decide interrumpir su embarazo.

Recordó que el primer código penal de Ecuador, emitido en 1837, tipifica a esta práctica como ‘aborto’, y no como asesinato, por lo que no debería ser considerado un delito.

Buendía manifestó que, más allá de lo que dice la ley, esta práctica se realiza a diario en el país y el mundo. Informó que «cada 4 minutos aborta una mujer en Ecuador», y reflexionó que se debe tratar el tema como un aspecto de salud pública. “Las decisiones de Salud no pasan por el código penal”, añadió.

Consideró la defensa la vida se la debe hacer, pero no con la penalización, sino con políticas públicas, como la erradicación de la violencia de género, educación sexual con énfasis en anticoncepción, entre otras medidas. «Es como si quisiéramos erradicar la pandemia del Covid-19 metiendo presa a la gente que se contagia», expresó.


Por su parte, la asambleísta Nathalie Arias, por el movimiento CREO, manifestó que no podría dar una opinión personal respecto del tema, pues es respetuosa de la Constitución, que establece el derecho a la vida desde su concepción. «Yo respeto la vida», comentó y dijo que “estos casos requieren atención integral por parte de la justicia, el sistema de salud, y el ámbito psicológico«.

Asimismo, Arias manifestó que hay una diferencia “abismal” en la violación y un embarazo no deseado, y refirió que la discusión debe girar en ese sentido. Dijo también que está convencida que la vida empieza desde la concepción, pero hay que hablar de etapas. «No es lo mismo un embarazo durante el primer trimestre que en los siguientes», apuntó. Dejó clara su postura de respeto a las leyes, pero que se deben analizar las situaciones concretas, como en el caso de embarazos por violación.

De su lado, Buendía recordó que hasta las 12 semanas se puede dar un aborto ambulatorio con fármacos, dentro de ciertos parámetros, ya que posteriormente se habla de inducción al parto con procedimientos quirúrgicos, hasta la semana 24. “71% de embarazos infantiles tienen patologías graves, porque sus cuerpos no están preparados para el feto, lo que causa, entre otras cosas, un parto prematuro” señaló Buendía, y resaltó que «con esta ley, los casos serían la excepción, y no la norma, como sucede en la actualidad».

Por su parte, Luis Gerardo Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, refirió que la posición de la Iglesia parte de un principio médico – científico. «Toda ciencia médica ha demostrado hasta la saciedad que la vida inicia desde la concepción«, y recomendó analizar este aspecto desde el lado médico y no jurídico. «Aquí hablamos de seres humanos, y hay un proceso de desarrollo que inicia desde la concepción» añadió.

Rechazó que se use el término ‘interrupción’, porque aquí se termina definitivamente con la vida de la persona. «Son expresiones que debemos analizarlas», añadió. También recordó que la violación, así como el embarazo no deseado, representan un trauma que hay que erradicarlo. Sin embargo, dijo que el aborto es un trauma para una persona inocente, así como para su madre.

Asimismo, Ana Cristina Vera, vocera de Surkuna, resaltó que la protección y el cuidado de la vida no es lo mismo que un derecho. «Los derechos son para las personas nacidas», explicó, y aseguró que no hay un acuerdo científico que especifique cuando inicia la vida. Lo que se busca, dijo, es que se pueda interrumpir el embarazo con garantías de salud, y no en la clandestinidad.

Enfatizó que las mujeres son libres para decidir si continúan o interrumpen el embarazo. También criticó que en Ecuador las condiciones de los procesos de adopción son graves, y citó como ejemplo la lucha que ha tenido por 5 años, tratando de adoptar a una niña que sufrió abuso sexual por parte de su padre.

Acotó que el debate del aborto se debe hacer desde la óptica de lo que sucede en la realidad, y reiteró su deseo de que la Asamblea Nacional apruebe definitivamente el proyecto para que “niñas y mujeres tenga un poco de acceso a la justicia”.

Ante esto, monseñor Cabrera, refirió que la ley crea derechos, y estos son frutos de consensos. «Estos son inherentes al ser humano, no es que hay que inventárselos», refirió.

No obstante, dijo que hay que brindar acompañamiento e información oportuna para que se puedan tomar decisiones correctas. “Si sabiendo todo lo que conlleva se decide continuar con el aborto, se debe respetar esa decisión”, puntualizó.  “Al final cada uno es libre de hacer lo que crea, pero también debe asumir las consecuencias”, y añadió que “nos duele profundamente que una niña sea maltratada y violentada, pero también nos duele que miles de niños no sean considerados más que células, y por ello desaparezcan”.

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