Muñoz señaló que su destitución no se dio por supuestos incumplimientos o actos ilegales durante el ejercicio de sus funciones, como lo afirmaron los jueces Ivonne Coloma, Ángel Torres y Guillermo Ortega, sino que existirían intereses ocultos para tomar por «asalto» al organismo.
Asimismo, lamentó que se hayan negado las medidas cautelares que solicitaba en la acción de protección presentada. A su criterio, el Tribunal de Garantías Penales a cargo de esta acción no meditó a profundidad la solicitud, pues, según Muñoz, los tres magistrados violaron la Constitución, al removerlo del cargo que debía ejercer por tres años. Esto durante una sesión que fue autoconvocada, sin orden del día ni tampoco secretario.
Insistió en la gravedad que representa que tres jueces se tomen un organismo, en pleno proceso electoral y con los cuestionamientos que esto genera en la opinión pública. «¿Por qué los jueces consideraron que esto no era grave? Esto afecta a credibilidad del proceso electoral y a la confianza que la ciudadanía quiere en los organismos electorales», apuntó Muñoz.
Finalmente, reiteró que todo ciudadano tiene derecho a la defensa y, en ese sentido, espera que la justicia determine la violación de sus derechos. «No estoy defendiendo un cargo sino a un organismo que ha sido asaltado», concluyó.
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