En Notimundo al Día, Renato González, director del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol), manifestó su indignación frente al nuevo diferimiento de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el delito de peculado, contra 10 procesados por supuestas irregularidades en operaciones financieras de inversión que afectarían los fondos de la Institución.
No obstante, señaló que no sorprende lo decidido por la jueza penal de Pichincha, Irene Pérez, pues esta práctica se ha normalizado en la justicia ecuatoriana «cuando los procesados se sienten acorralados». Recordó que esta diligencia estaba prevista a desarrollarse en julio pasado, pero en aquella ocasión la misma jueza Pérez determinó que se realice el 17 de octubre. El nuevo diferimiento se dio con el motivo de que uno de los abogados defensores se contagió de Covid-19, lo cual respaldó con un certificado, pero que fue presentado 11 minutos después de la hora fijada para la audiencia.
González criticó que otra de las motivaciones que llevaron a suspender la diligencia fue que la Defensoría Pública argumentó que el caso fue asignado recién durante horas de la mañana, por lo que no contaban con la suficiente preparación. «Eso es lamentable, pero no lo vamos a dejar pasar», aseguró el titular del Isspol, y adelantó que se enviará un oficio para que se tomen los correctivos al interior de esa institución. «¿Hasta cuándo vamos a soportar este tipo de negligencias institucionales, que contribuyen a que la justicia se dilate?», cuestionó.
Expresó que el sistema procesal y penal ecuatoriano, desde el 2014, «están estructurados para fomentar la impunidad«, pues se otorga varios recursos y derechos para quienes han cometido delitos. A su criterio, existe complicidad entre los actores involucrados, pues el mismo abogado que se ausentó en la diligencia del lunes 17 de octubre, tampoco estuvo presente en la prevista para el mes de julio. Además, afirmó que, aunque no tenga pruebas, no tiene dudas de que se podría estar sobornando a la jueza del caso. «Aquí hay mucho dinero de por medio», añadió.
Hasta ahora, luego de dos años de iniciadas las investigaciones por el millonario desfalco, no existen personas detenidas, solamente con arrestos domiciliarios y medidas sustitutivas. González manifestó que uno de los involucrados sería el exministro del Interior, José Serrano, pues una de las transferencias ejecutadas por «El Mago» Chérrez tuvo como destino la esposa del mismo, María Paula Christiansen. «De lo que sabemos, (Serrano) está en Miami con una vida bastante cómoda», puntualizó.
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