El caso Metástasis develó la infiltración del crimen organizado en las más altas esferas del Estado y la vinculación del narcotráfico en la política nacional. En Decisiones con Jorge Ortiz, cuatro distintos puntos de vista convergieron en que la operación de la Fiscalía mantiene viva la esperanza de días mejores para el país.

El abogado penalista, Ramiro García, calificó como «un horror» a lo que acontece en Ecuador, pues como extitular del Colegio de Abogados de Pichincha y de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, «se cae la cara de vergüenza» al saber que distintos juristas han caído en la tentación de la delincuencia y se han prestado para patrocinar causas que van en contra de los intereses de la ciudadanía.

Si bien reconoció que la corrupción en la Función Judicial no es nueva, lamentó que esta vez sea el narcotráfico el protagonista de los casos que se han presenciado, con fallos polémicos y liberaciones en favor de sentenciados o procesados por distintos delitos.

No obstante, recalcó que este «baño de verdad» es esperanzador, pues esto se lo está solucionando a través de la institucionalidad y el derecho, con una Fiscal General comprometida con la causa y con un juez que ha dictado prisión preventiva para algunos implicados. «Esto nos deja ver que existe un viso de esperanza», agregó.

Juan Esteban Guarderas, consejero de Participación Ciudadana y Control Social, compartió ese criterio y añadió que la labor del ministerio público ha generado ya algunos resultados concretos que son dignos de destacar. Uno de ellos es que Wilman Terán haya dejado de ser presidente del Consejo de la Judicatura, tras su detención por la vinculación en el caso Metástasis.

No obstante, sostuvo que es necesario ampliar la investigación de presunta delincuencia organizada a otros espacios de la palestra pública, como el Consejo Nacional Electoral (CNE). Esto por la posibilidad que existe de que bandas de crimen organizado tengan incidencia en las campañas de los políticos y, lo que es peor, participación en gestiones de gobiernos autónomos descentralizados.

Y es que, en los chats revelados por la Fiscalía, que fueron explotados del narcotraficante Leandro Norero, se conoció que María Fernanda Vargas, actual alcaldesa de Simón Bolívar, en la provincia de Guayas, mantenía conversaciones con él y colaboraba en temas como el tráfico de armas.

De su lado, el periodista Martín Pallares, mostró su preocupación por el poco eco que ha tenido en otras funciones del Estado la labor ejecutada por la Fiscalía. Criticó que el presidente Daniel Noboa no haya hecho hasta el momento un pronunciamiento enfático de respaldo a la gestión de Diana Salazar, más allá de cortas alusiones al tema en eventos de mínima trascendencia.

Asimismo, rechazó que la Asamblea Nacional no haya hecho más que un pronunciamiento sobre el tema, pero que no tiene efecto alguno. «Veo un abandono de esta causa de la sociedad ecuatoriana por parte de las autoridades políticas, y eso me choca mucho», apuntó.

Pese a este panorama, Pallares indicó que el próximo año podría arrancar de manera positiva, pues estos operativos producen un efecto en la opinión pública, que a su vez ejerce una presión a los tomadores de decisiones.

Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, acotó que la veeduría ciudadana es fundamental para que las autoridades de turno encausen su gestión y defiendan los intereses ciudadanos y no de los de quienes mantienen vínculos con organizaciones criminales.

Por otro lado, insistió en que el accionar de los asambleístas debe ir acorde con las urgencias del país, y no seguir agendas partidistas. «Ojalá que el caso Metástasis contribuya a que los pactos de la impunidad se vengan abajo», manifestó Rodas.

Además, manifestó que, si el gobierno de Daniel Noboa tiene como prioridad a la ciudadanía, y no su reelección en 2025, puede dar pasos acertados para continuar con la depuración en todas las esferas del Estado.

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