El pasado 3 de mayo de 2023, el presidente Guillermo Lasso emitió el Decreto Ejecutivo 730, con el que dispuso a las Fuerzas Armadas “enfrentar y contrarrestar” a personas y organizaciones terroristas. En NotiMundo A la Carta, Jean Paul Pinto, experto en seguridad, indicó que el despliegue en las calles del personal militar, no ha logrado reducir los índices de criminalidad en el país, ya que su formación y sistemas de inteligencia son pensados en combatir en la guerra, y no para garantizar la seguridad ciudadana.

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La intención de las FF.AA. es "apoyar la libre movilidad"de la población durante el paro nacional. Crédito: El Telégrafo

El Decreto Ejecutivo 730 dio cumplimiento también a las resoluciones del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE) del pasado 27 de abril, en el que se declaró al terrorismo como una amenaza de Estado, y donde se recomendó también el empleo de armas letales para combatirlo.

Para el experto en seguridad, Jean Paul Pinto, el Gobierno cometió un error al considerar a las bandas del crimen organizado del país, como terroristas, ya que para hacerlo, las mismas deberían cumplir ciertas categorías en cuanto a ideología o religión. “En Ecuador son solo criminales, pero con técnicas terroristas”, enfatizó.

Añadió que el despliegue del personal de Fuerzas Armadas no dio los frutos esperados, salvo algunas operaciones en Guayaquil o Durán. Pese a esto, no se consiguieron objetivos como la reducción de muertes violentas, o la captura de líderes de bandas criminales.

Para Pinto, las FF.AA tienen una ideología de guerra, es decir, combatir para matar al enemigo. Enviarlos a enfrentar la violencia en las calles, implicaría otro tiempo de preparación, equipamiento, una doctrina distinta, y un sistema de inteligencia diferente.

Como una posible solución, el Estado podría, a decir del experto, negociar la paz con ciertas bandas del crimen organizado, como lo hace el Gobierno de Colombia con el Clan del Golfo.


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