En Notimundo al Día, Daniel Pontón, docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), señaló que la percepción de la inseguridad se ha incrementado, no solo el nivel de violencia con que se registran los crímenes en la actualidad, sino por la «sorprendente incapacidad« del Estado para poder mitigar los ataques contra la población.
La falta de equipamiento y personal en la Policía Nacional durante el año y medio que lleva en funciones el actual Gobierno permiten que el crimen organizado tenga una mayor capacidad de despliegue, lo que deja a la ciudadanía como espectadora de los ataques que se registran a diario con robos, extorsiones y otras modalidades para atemorizar al país, explicó Pontón.
Para el experto, es necesario exigir a las autoridades que cumplan con sus funciones para garantizar la seguridad ciudadana. A la Asamblea Nacional, por ejemplo, se debe solicitar que se generen las leyes necesarias para que los delincuentes reciban un castigo adecuado por sus crímenes, así como a la Función Judicial se debe «halarle las orejas», para que no se perpetúe la impunidad dejando en libertad a los delincuentes que atentan contra la ciudadanía.
@danielponton: «¿Cómo ingresan las armas a las cárceles? Hay complicidad con el Estado y el Gobierno mira para otro lado. O no quiere entender o no puede, o no le conviene entender que la realidad. Ha renunciado a su capacidad de controlar las cárceles»
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— NotiMundo (@notimundoec) October 11, 2022
Además, manifestó que «es inaudito» que el Gobierno Nacional, en el marco de «tremenda» crisis de inseguridad, no ejecute los presupuestos correspondientes, «haciendo que un año y medio después no tenga lista una tanqueta para poder entrar a los centros penitenciarios». Por ello, hizo un llamado a establecer las responsabilidades pertinentes y buscar que se ejecuten las acciones para revertir la situación.
Las alarmantes cifras que tienen a Guayaquil como una ciudad que cerrará el año con una tasa cercana a los 50 homicidios por cada 100 mil habitantes, obligan a que se replanteen las estrategias, pasando a la acción directa y dejando los ofrecimientos y los diagnósticos de lado, sostuvo Pontón. A su criterio, es necesario llevar a cabo reformas estructurales, por ejemplo, en las cárceles del país, «donde el Gobierno no ve o no quiere ver» la complicidad que existe entre las bandas delictivas y funcionarios estatales que permiten el ingreso de armas y sustancias prohibidas, que agravan la crisis carcelaria y continúan perpetrando los ataques con saldos fatales.
«El Estado muestra una especie de anomia institucional, que lo resumiría como un debilitamiento sistemático en las capacidades», sostuvo Pontón, y añadió que tanto este Gobierno como el anterior se embarcaron en una lucha contra las drogas, pero sin estar preparados. «Se debe fortalecer al Estado, con acciones unificadas, para atacar los problemas estructurales», apuntó.
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