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Con 90 votos a favor y 16 abstenciones, el Legislativo observó ayer la Pro Forma 2019.

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Esto significa que el documento será devuelto al Ejecutivo para que en un plazo de diez días acepte la observación y envíe una nueva propuesta a la Asamblea o se ratifique en su propuesta original.

En la sesión legislativa intervinieron 31 asambleístas en un acalorado debate donde se cuestionaron los recortes a educación y salud, y las proyecciones del precio del crudo.

Los bloques de Creo, Madera de Guerrero, Revolución Ciudadana (RC) y Suma, ya habían adelantado que no aprobarán la Proforma del próximo año.

Cristóbal Lloret, asambleísta de RC, cuestionó que durante el debate “ni si quiera los asambleístas de la Comisión de Desarrollo Económico”, que aprobaron el informe de la Pro forma apoyaron la aprobación del documento. “Es una Pro forma huérfana”, dijo.

Esteban Albornoz, titular de esa Comisión, argumentó que no era posible recomendar una aprobación u observación a la Pro forma en el informe por no estar dentro de las competencias de ese organismo.

Previo al debate de la Pro forma 2019, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, fue recibido en el Pleno.

El funcionario se tomó unos 25 minutos para defender las cifras de este documento y comenzó reconociendo que el país enfrenta una situación fiscal insostenible.

Esa situación se deriva “de la implementación de un modelo de desarrollo que inevitablemente llevó al Estado a gastar, siempre, más de lo que tuvo”.

Un grupo de asambleístas del ala correísta intentó interrumpirlo, pero Martínez continúo con su explicación de la Pro forma, que entregó el pasado 31 de octubre.

Dijo que “es una Pro forma equilibrada y sin medidas extremistas de ‘shock’ que pueden fracturar al tejido social”.

Adelantó que Finanzas acogerá dos de las recomendaciones realizadas por la Comisión.

Una se relaciona con el presupuesto de las universidades y la otra, con el precio estimado para el petróleo.

El Ministro se comprometió a respetar el acuerdo alcanzado con autoridades de centros de educación superior.

Otra recomendación que hizo la Comisión fue que presente un plan en caso de que no se cumpla la previsión del precio del crudo de USD 58, 29.

Martínez señaló que varios equipos técnicos trabajarán para contar con un plan contingente si se da un escenario diferente. Pero, aclaró, que esto no implica que se haga un ajuste al precio estimado que se estableció en la Pro forma.

“Se han ajustado las proyecciones de los precios a futuro del petróleo, pero siguen estando por encima de lo que presupuestamos”, señaló.

Luego intervino el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, quien presentó una moción para observar la Pro Forma presupuestaria y el plan cuatrianual.

El informe de la Comisión sobre la Pro forma contiene 17 recomendaciones. La principal es cumplir con la asignación para la gratuidad y otros rubros a las universidades. Según Albornoz, es necesario observar el texto para que Finanzas “pueda realizar ajustes y correcciones” al texto.

Entre ellas, que se restituyan los recursos para las universidades, que se redujeron en USD 145 millones en relación al presupuesto 2018.

“No hacerlo sería darle la espalda a los universitarios que están afuera del Palacio ahora mismo”, dijo en referencia a un grupo de estudiantes que llegó a la Asamblea a protestar.

Mauricio Proaño, miembro de la Comisión legislativa, cuestionó que el informe no observó la Pro forma para que se devuelva al Ejecutivo.

Pabel Muñoz, asambleísta de la bancada de Revolución Ciudadana, cuestionó que Finanzas no detalló de dónde se obtendrán los recursos para hacer esa restitución de recursos.

“Hay que estar atentos a las observaciones líricas que se hacen a la Pro forma, porque solo dicen que van a restituir los USD 145 millones, pero seguramente de dejarán desatendidos otros sectores”, dijo.

Las asignaciones a educación básica y salud también fueron cuestionadas.

Silvia Salgado, del Partido Socialista, criticó que se registre una reducción de asignaciones para el mantenimiento de casas de salud y para programas de educación.

Fuente: El Comercio – Nota original: LINK