Los miembros del grupo se reunieron en Carondelet con el Mandatario durante alrededor de dos horas e hicieron sus propuestas de políticas públicas y de reformas legales. El principal objetivo es el fortalecimiento de las instituciones de control como la Fiscalía, Contraloría, Superintendencia de Compañías y el sistema de contratación pública.
Así como una campaña de difusión de valores, con cátedras universitarias y en el sistema educativo del país. «Es cuestión de que el Presidente procese las recomendaciones y sabrá darles vía a través de iniciativas legales, pero nuestro trabajo ha concluido», afirmó Xavier Zavala.
Agregó que el Mandatario les agradeció por su trabajo y que «el Frente de Transparencia llega hasta aquí». Además explicó que le entregaron un resumen ejecutivo y que en los próximos días le presentarán el informe definitivo.
Este documento contendrá incluso los textos para la propuesta de reformas legales. Sobre el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), Zavala explicó que al estar tomado en cuenta por el Ejecutivo en la propuesta de consulta popular, ese será el mecanismo para brindarle legitimidad: que sea elegido por voto popular y se cree una nueva ley para su funcionamiento.
Las recomendaciones de tipo legal para la Fiscalía, por ejemplo, incluyen que la Policía Judicial no dependa de los protocolos de la Policía Nacional y que pase a la Fiscalía.
Que los fiscales puedan otorgar medidas cautelares de tipo personal y real, durante la indagación previa. Sugieren que en el Código Orgánico Integral Penal se cree un nuevo tipo de peculado, la omisión impropia u omisión por omisión.
Es decir, «no cuando el servidor público abusa de manera directa de los fondos, sino cuando permite, dolosamente, que otro funcionario público lo haga». Además, piden que se elimine el informe de Controlaría con indicios penales como documento habilitante para una instrucción fiscal por peculado y enriquecimiento ilícito.
Carlos Rabascall, otro miembro del Frente, explicó que la contratación pública ha evidenciado debilidades. Por lo que se debe fortalecer los procesos de transparencia y gobierno abierto y eliminar la discrecionalidad en la contratación pública.
Un punto clave es la reforma sustancial de los regímenes especiales de contratación pública, que no haya contratación directa, definir y reglamentar específicamente los regímenes de emergencia.
Además proponen crear un sistema de registro y evaluación de proveedores, entre la Contraloría y el Servicio de Contratación Pública, «para evitar empresas de papel y conexiones entre distintas empresas y contratistas que estén participando, pero cuya asignación o adjudicación ya esté previamente determinada».
Desarrollar una homologación de los pliegos por tipología y tamaño de contrato, para evitar que la adjudicación pueda estar direccionada. Pablo Vanegas contó los planteamientos para implementar en el área educativa.
Esto implica tomar las propuestas hechas por el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación Superior (Senescyt), así como de otras organizaciones relacionadas al área, como la Unesco. Para la educación básica y de bachillerato se ha propuesto que los estudiantes aprendan ética, pero que tengan momentos para ejercer acciones que permitan compartir la experiencia.
Ya qué llegaron a la conclusión que la ética y valores no se aprende solo a través de la malla curricular sino de la experiencia. En educación superior se pretende incluir clases de ética profesional y del impacto que esta tiene en la práctica y en el desarrollo del país. Pablo Davila contó la propuesta de establecer un Sistema Nacional de Coordinación y Control.
Muchos de los problemas, agregó, no está dado solo por el incumplimiento de las normas, sino por falta de coordinación interinstitucional. Se ha sugerido, dijo, que este sistema permita verificar el cruce de competencias, simplificar los procedimientos y generar procesos de información para que se conozca lo que las instituciones de control hacen.
Fuente: El Comercio
