Erazo sostiene que el desconocimiento de la deuda de USD2878 millones del Estado con el IESS afectó el patrimonio de la seguridad social. Por eso, pide una orden de arraigo (prohibición de salida del país) para todos los funcionarios que fueron parte de esta medida.
Según el dirigente sindical, todos los responsables deben ser sancionados por la Ley. Sin embargo, teme que salgan al exterior antes de que las autoridades tomen cartas en el asunto. «Conocemos que uno de ellos puso su renuncia, en manos de Richard Espinosa, porque se va a una maestría en España. Es decir, que lo que pasó con Pedro Delgado, Capaya y con el Contralor, que tuvieron la oportunidad de salir para no responderle al pueblo ecuatoriano, hoy se puede dar con los integrantes de la comisión (que desconoció la deuda)», indicó.
De acuerdo con la Ley de Seguridad Social, el Estado debe financiar la atención médica de jubilados y de personas con enfermedades catastróficas. Sin embargo, el expresidente Rafael Correa argumentó que la normativa también precisa que para el pago de estas obligaciones debe existir un reglamento y, por eso, se negó a cancelarla. En el 2016, la deuda fue eliminada de los balances del IESS.
El Presidente del Frente Popular indicó que, desde el 2009, se le pidió al exmandatario que firme el reglamento, pero que éste no lo hizo. Para él, la verdadera razón por la que las autoridades eliminaron el saldo pendiente con la institución se relaciona con el encubrimiento de la crisis económica del país. “Los USD 2527 millones que se establecían hasta el 2016 significaban el 5% del presupuesto general del Estado. Si se habría tomado en consideración esta cifra, hubiésemos sobrepasado, hace rato, el 40% que tiene el Estado para endeudarse, de acuerdo a la Constitución de la República”, explicó.
