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‘Mafia’, ‘fanáticas’, ‘topos’. Esos son los términos que las autoridades del Gobierno usan para referirse a funcionarios de su administración que permanecen desde el Régimen anterior y que, según ellos, han establecido un sistema para garantizar la impunidad de la corrupción.

Secom

El presidente Lenín Moreno realizó ayer una cadena nacional de radio y televisión para hablar del tema. Esta situación tomó relevancia tras la fuga de Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación del Gobierno de Rafael Correa, quien se despojó de un grillete electrónico y burló el control de las autoridades judiciales.

“La fuga de un sospechoso es evidencia de una traición enquistada en nuestras dependencias. Hay un proceso de investigación en marcha y daremos con los responsables”, dijo el Primer Mandatario. Añadió que el país ha sido golpeado por una mafia y ha sido engañado “por los estafadores de siempre, pero eso nos fortalece”.

Además, insistió que su Gobierno ha encontrado actos de corrupción durante el régimen de Rafael Correa en todos los sectores. Paúl Granda, ministro de Justicia encargado, fue el primero en plantear la posibilidad de purgar el Ejecutivo.

Él asegura que se trata, sobre todo, de funcionarios que están en los mandos medios. Por ejemplo, en la Cartera de Estado que él dirige, desde el escape de Alvarado se removió de sus cargos a 20 personas, incluyendo a la viceministra Liliana Guzmán y a la coordinadora zonal Gina Godoy. Ambas llegaron a ese Ministerio de la mano de Rosana Alvarado, quien renunció en agosto pasado para facilitar la eliminación de esa institución como parte del proceso de optimización del Estado, que impulsa el gobierno de Lenín Moreno.

Durante el Régimen anterior, ellas fueron legisladoras por Alianza País (AP). Santiago Cuesta, consejero de la Presidencia, cree que el error de Granda fue no ejecutar una depuración en Justicia luego de aceptar el encargo que se le hizo para reemplazar a Alvarado, mientras la Secretaría de la Política, que él dirige, absorbe a esa institución.

“La llave (del grillete) se la dieron del Ministerio de Justicia (a Alvarado). El Ministerio de Justicia se encontraba con personas altamente conecta­das con el correísmo, fanáticas a muerte del presidente Correa. Lo traicionaron a Paúl Granda, su error fue no haber botado a esa caterva”, aseguró.

Por esta razón, Granda recomienda al resto de ministros y secretarios de Estado que realicen una evaluación de las nóminas de colaboradores de las instituciones que lideran para identificar más “infiltrados”. De los 26 ministerios y secretarías que conforman la Función Ejecutiva, 22 tienen el detalle de las personas que ocupan los cargos de viceministros y subsecretarios de Estado, según los registros que obliga la Ley de Transparencia.

En total hay 29 funcionarios con este rango. De ellos, según los archivos de declaraciones juradas de bienes de la Contraloría General, 13 (44,82%) tuvieron cargos durante el Régimen pasado. Estos funcionarios corresponden a once instituciones: los ministerios de Comercio, Ambiente, Inclusión, Salud, Educación, Economía, Trabajo y Vivienda, así como las secretarías de Educación Superior y Planificación. También la de Gestión de Riesgos, que se transformó en un Servicio.

La purga anunciada por el Gobierno, sin embargo, no se hará únicamente entre viceministerios y subsecretarías. Incluso se plantea ir hasta más abajo en la cadena de responsabilidades del Estado.

Por ejemplo, en el caso por la fuga de Alvarado se destituyó a los servidores operativos del sistema ECU911, que estaban a cargo de vigilar las alertas que emitió el grillete electrónico que portaba el ahora prófugo.

Sin embargo, desde la oposición se cree que en lugar de ir hacia abajo se debería hacer esa depuración también hacia arriba. Creo, por ejemplo, solicitó públicamente la renuncia de los ministros de Estado que tuvieron que ver con la cadena de custodia de Fernando Alvarado, específicamente de Paúl Granda (Ministerio Justicia y DD.HH.) y María Paula Romo (Ministerio del Interior).

Romo descartó ayer que vaya a renunciar y deslindó responsabilidad en el caso. Dijo que el trabajo de su institución, que tiene a cargo a la Policía, empieza luego de la fuga. Ella y Granda también están señalados por sus vínculos con el correísmo.

En el caso de Romo, con su movimiento Ruptura de los 25, fue parte de la llamada revolución ciudadana hasta el 2011, aunque luego se convirtió en opositora a sus políticas y medidas. Mientras que Granda apoyó a Correa desde la Alcaldía de Cuenca hasta el 2014 y de ese año al 2016 se desempeñó como consejero de la Embajada del Ecuador en España.

Él presentó su renuncia tras la fuga de Alvarado, pero dijo que Moreno aún no se la acepta. El Presidente no se ha referido a este pedido y en su mensaje de ayer tampoco habló de una depuración en su Gabinete más cercano, que ya ha pasado por su propio proceso de ‘descorreización’.

Apenas comenzó su Gobierno, Moreno separó a varios funcionarios cercanos a su predecesor. Pero la pugna en AP resultó en varias renuncias. Otros, en cambio, salieron con las últimas medidas económicas.

Además de Granda y Romo, en el actual Gabinete solo Fander Falconí ha quedado de los políticos que en su momento fueron cercanos a Correa. Él fue Canciller de ese Régimen hasta el 2010 y desde el inicio de esta administración ha liderado la Cartera de Educación.

Fuente: El Comercio – Nota original: LINK