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El Gobierno de Brasil anunció hoy que saldó las deudas contraídas con la banca pública, que sirvieron como justificante para la petición de apertura de un juicio político con miras a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff.

El Ministerio de Hacienda informó hoy de que pagó los 72.400 millones de reales (unos 18.660 millones de dólares) adeudados con los bancos públicos y que, según la oposición, fueron contraídos de forma irregular y en contra de las leyes que rigen los presupuestos oficiales.

El valor abonado por el Ejecutivo incluye 55.800 millones de reales (unos 14.380 millones de dólares) de deuda acumulados en 2014 y 16.600 millones de reales (unos 4.278 millones de dólares) en pasivos que ya habían sido liquidados a lo largo de este año.

Esos compromisos pendientes llevaron a que el Tribunal de Cuentas (TCU) reprobase los balances del Gobierno de 2014 y cuestionaran los de este año al considerar que el Ejecutivo omitió las deudas con los bancos para “maquillar” los resultados.

De acuerdo con el TCU, el Gobierno dejó de depositar en la banca pública, usada como agente de pagos, los montos previstos para cubrir algunos gastos públicos como los seguros de desempleo o subsidios a las familias más pobres, entre otras obligaciones.

La maniobra fiscal, que mejoró de forma aparente el resultado fiscal del Gobierno, sirvió de munición para que algunos sectores de la oposición y juristas de prestigio solicitaran la apertura de un juicio político contra la mandataria brasileña, reelegida en 2014 para un segundo mandato.

El trámite del juicio político fue autorizado a inicios de este mes por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, pero la Corte Suprema identificó algunos “errores de procedimiento” y ordenó que todo el proceso fuera reiniciado, lo cual ha quedado pendiente para febrero próximo.

En esa fecha concluirá un receso parlamentario que comenzó el pasado día 22.

“Al pagar las deudas con los bancos públicos, el Gobierno admite su error” y eso “no cambia en nada el proceso”, afirmó el pasado lunes en una rueda de prensa el presidente de la Cámara baja, dirigente de un partido oficialista pero que este año declaró su oposición al Gobierno.

Con el pago de la deuda pendiente con los bancos, el Tesoro Público reconoció que habrá un impacto en la deuda bruta y líquida del país, el cual se encuentra sumido en una severa crisis económica y política.