Ecuador atraviesa por una crisis de inseguridad y gobernabilidad que ha derivado en anuncios de nuevas movilizaciones en contra del Gobierno, donde, entre otras exigencias, se plantea la renuncia del presidente Guillermo Lasso. En Notimundo al Día, Patricio Carrillo, exministro del Interior, explicó que los cambios no se pueden dar desde la violencia, pero enfatizó en que el Ejecutivo debe materializar sus ofrecimientos para evitar el descontento social.

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En Notimundo al Día, Patricio Carrillo, exministro del Interior, denunció que la Asamblea Nacional llevó a cabo un proceso de hostigamiento desde su posesión, con cerca de 300 llamados a comparecer en las distintas comisiones parlamentarias, lo que, incluso, complicó la gestión en territorio.

A su criterio, esto responde a un «revanchismo» del Legislativo por sus actuaciones «en defensa de la institucionalidad y de la democracia» durante el paro nacional de octubre de 2019, cuando estuvo a cargo de los operativos de seguridad ejecutados por la Policía Nacional. A lo que califica como una «persecución», Carrillo expresó que es la forma de hacer «micropolítica» en el país, algo que contribuye a profundizar los problemas del Ecuador.

Frente a la calificación del juicio político en su contra, el exministro aseguró que eso da muestra de la «insensatez e idiotez» de algunos actores políticos, «algo de lo que es mejor separarse». Una de las causales de este proceso fue la crisis de inseguridad por la que atraviesa el país, pero para Carrillo esto carece de sentido, pues los cambios que se requieren toman tiempo en materializarse y no se los puede desarrollar con una política de corto plazo.

Respecto a algunos casos denunciados durante el paro de 2022, sobre el presunto exceso de fuerza por parte de la Policía, Carrillo reconoció que los seres humanos pueden fallar en ocasiones, pero insistió en que durante los 18 intensos días de protestas a nivel nacional la fuerza pública mantuvo la misión de defender a la población. «Los atacantes son los otros, bajo la premisa de la presencia de infiltrados por parte de la misma Policía Nacional», apuntó. Criticó que parte del problema que ahonda la polarización social es la entrega de amnistías para los violentos, pues se da un mensaje de que ciertos actores pueden violar la ley y no ser judicializados.

El juicio político en su contra no genera más que el rechazo social, expresó Carrillo, al tiempo que criticó que en este proceso se tomaron las comparecencias de los propios agresores de las manifestaciones, lo que restó la objetividad del caso. Frente a los nuevos anuncios de movilizaciones en contra del Régimen, el exministro explicó que la intención de «arrinconar» al Presidente de la República, aunque reconoció que este es un legítimo derecho para reclamar por mejores condiciones para el país. «Eso no puede ser mediante la violencia y esta forma primitiva de protestar, sino a través del diálogo», sostuvo.

Para Carrillo, el Gobierno debe entender los problemas de la población y buscar una solución. «Tenemos una desatención en los servicios de salud y en seguridad; si no se corrige eso, sumando a la educación y el empleo, el tejido social será cada vez más permeado por el crimen organizado», aseveró. Finalmente, criticó el «estancamiento» que existe en la reequiparían de la Policía Nacional y lamentó que muchas veces los ofrecimientos de nueva dotación y mayor presupuesto queda solo en palabras. «Hace falta alinear el plan, no que con cada relevo se venga con improvisaciones», puntualizó.

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