El gobierno de Lenín Moreno entra en su recta final sin conciliar diferencias con sectores como los indígenas y los sindicalistas y tampoco zanjar temas como las reformas laborales y a la seguridad social, pese al desarrollo de varios procesos de diálogo, implementados durante su gestión.

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Créditos: Estuardo Vera

A siete meses de terminar el periodo, el Gobierno reconoce que hay posturas “irreconciliables” que ya quedarán como tarea para que el próximo Gobierno las pueda solucionar, con más “oxígeno”.

“En octubre (2019) se plantearon posturas, a primera vista, irreconciliables, sobre la propia estructura del Estado, entonces, creo que todavía estamos lejos al menos de acercar esas posiciones y probablemente será ya un nuevo gobierno que tenga el oxígeno para hacerlo”, dijo la ministra de Gobierno, María Paula Romo, al presentar el libro Octubre: la democracia bajo ataque, esta semana.

Moreno inició su primer año dando señales de apertura con sectores a los que el gobierno de Rafael Correa cerró las puertas desde el inicio o a lo largo de sus diez años de mandato. Se reunió con líderes políticos de todas las tendencias, con empresarios, indígenas y sindicalistas, y con el Decreto Ejecutivo 49, de junio del 2017, declaró como política prioritaria el fortalecimiento de espacios de participación y el diálogo amplio y permanente.

Luego vino el Diálogo Social Nacional, coordinada por la ahora extinta Secretaría de la Política; Tu voz es mi Voz, anunciada por la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña, un mes antes de su salida; el Acuerdo Nacional, encargado al vicepresidente Otto Sonnenholzner, finalmente los Diálogos por la Paz, de los que se hizo cargo el mismo Moreno.

En paralelo, se dieron tres hechos relacionados: el primero, la consulta popular del 2018. “Hemos coincidido en algunos temas de la consulta popular, justamente producto del diálogo”, dijo Moreno.

Los ecuatorianos votaron por derogar la Ley de Plusvalía, conformar un nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), incrementar la zona intangible en el Yasuní y otros temas.

El segundo hecho fue la paralización de octubre del 2019: indígenas, sindicalistas y transportistas implementaron medidas de hecho por la eliminación de los subsidios a los combustibles, una medida que calificaron de “inconsulta”.

El tercer hecho fue la pandemia del COVID-19, que reorientó las prioridades del Gobierno a la emergencia sanitaria y ahora a la reactivación económica, por sobre los acuerdos políticos y sociales.

Miles de personas participaron, cientos de encuentros y propuestas se realizaron y recogieron, pero sin una base institucional que asegure la permanencia de esta política a lo largo del tiempo, independiente de los gobierno de turno.

Todas las fases se abordaron a través de encargos de coordinación a entidades o autoridades del Ejecutivo que, en algunos casos, ya no existen o ya no están. Al día de hoy tampoco existen acuerdos sobre reformas laborales y a la seguridad social que eran prioridades para el Gobierno en las mesas de diálogo. Empresarios y trabajadores están insatisfechos con la falta de avances en sus propuestas.

Mauricio Alarcón-Salvador, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, señala que existe debilidad en los diálogos por fundamentarse en personas más que en normas e instituciones, y resalta que de las mesas del Acuerdo Nacional salieron algunas reformas electorales y también la Ley de Extinción de Dominio, pero otras iniciativas de reinstitucionalización se truncaron desde octubre del 2019.

“El resultado no ha sido el esperado (…), no hemos visto cerrar el proceso de reinstitucionalización, tomar medidas reales para transformar lo que destruyó el Gobierno anterior (…). El reto, ante una fallida transición a la democracia, se le viene al nuevo Gobierno”, agregó Alarcón-Salvador.

Para Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana, más allá de los resultados, este Gobierno mostró apertura al diálogo desde el inicio y eso representó un cambio respecto de su predecesor, que polarizó a la sociedad por varios años. Además, de las experiencias en otros países de la región se ha visto que los procesos de diálogo pueden tomar años.

“En la práctica, esto no resultó tan fácil, no porque no haya faltado intencionalidad, sino que veníamos de una época de tanta polarización, de tanta agresión al movimiento social y a la libertad de expresión, a la participación ciudadana, que recomponer eso en meses o en cuatro años es imposible (…). El diálogo es un proceso de construcción permanente (…).

Unas iniciativas han avanzado un poco, otras han quedado truncas y otras no, pero ese balance es propio de cualquier proceso de diálogo después de un régimen autoritario”, agregó.

Nota Original: El Universo – LINK