El plazo para la presentación de pruebas de cargo y de descargo en el proceso de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, concluyó el domingo 16 de abril de 2023. En Notimundo al Día, Jorge Benavides, subsecretario Jurídico de la Presidencia, explicó que los pedidos de prueba documental y testimonial demostrarían la inocencia del Primer Mandatario en el presunto delito de peculado que se lo acusa. Además, afirmó que, en caso de que se dé luz verde al trámite en el Pleno, no habrán los votos suficientes para destituir a Lasso.

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En Notimundo al Día, Jorge Benavides, subsecretario Jurídico de la Presidencia de la República, señaló que el pedidio que se hizo a la Corte Constitucional (CC) busque se respete el debido proceso, en el marco del juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso, por presunto peculado cometido en un contrato de la empresa pública Flopec.

Benavides recordó que la CC tiene la obligación de dar seguimiento a sus sentencias y dictámenes, y que, pese a ser este un proceso que se lo trata en el poder legislativo, se debe garantizar que se cumpla el debido proceso, es decir, que se admitan a trámite únicamente las pruebas relacionadas con el supuesto cometimiento del delito de peculado.

Sobre la solicitud de pruebas enviadas a la Comisión de Fiscalización, por parte del departamento Jurídico de la Presidencia, Benavides precisó que, en el ámbito documental, tienen que ver con informes de distintas entidades, como la Contraloría, Procuraduría y la Fiscalía General del Estado, donde se evidenciaría que no existe participación alguna del Primer Mandatario en el delito que se lo acusa. «(El contrato) fue firmado anterior a la administración del presidente Lasso, es decir 2018-2020», manifestó.

Asimismo, otro pedido de pruebas corresponde a la comparecencia de algunos funcionarios, como Jaime Condoy, exgerente general de Flopec, y de Andrea Poveda Camacho, exsecretaria relatora de la Comisión Especializada Permanente de Régimen Económico de la Asamblea Nacional. «Lo que se busca es que se siga lo que señaló la CC; sus dictámenes son de obligatorio cumplimiento», insistió.

Advirtió, además, que si los legisladores interpelantes del juicio no se ciñen el dictamen de la CC, podrían ser destituidos de sus cargos. Con la finalización del plazo para la presentación de pruebas de cargo y de descargo, el domingo 16 de abril, inicia una nueva etapa en la legislatura, pues la Comisión de Fiscalización deberá iniciar la aplicación de las pruebas y el inicio de comparecencias.

Finalmente, consideró que en el Pleno parlamentario, que es donde se decidirá el desenlace del proceso, no existirán los 92 votos necesarios para destituir a Lasso, pues asegura que prevalecerá la fuerza del derecho.

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