En unos $2000 millones, correspondientes a 8 proyectos estratégicos del Gobierno anterior, la Secretaría Anticorrupción de la presidencia de la República, detectó un perjuicio económico al Estado por actos de corrupción.
«Hay mucha subjetividad en ese análisis, se habla de que pueden ser cerca de $30 000 millones, hay otras cifras que hablan de $70.000, pero esta valoración además atiende a los intereses que existen detrás de quienes las pronuncian», indicó.
Ordóñez agregó que, el camino para recuperar esos dineros, es un sistema integral de recuperación de activos -que se está elaborando-, además de una ley en ese sentido.
Según la funcionaria, de los $2000 millones se han recuperado $18.5 millones que podrían unirse a otros recursos que han sido ya identificados en otros países.
Durante el acto, el Procurador General, Iñigo Salvador, mencionó no saber porqué en el pasado, los procuradores no presentaban acusaciones particulares en los casos de corrupción.
«Simplemente no había la voluntad política de defender el interés estatal», sostuvo Salvador.
Lamentó que en 2008, tanto a la Procuraduría como a la Contraloría, se les quitó la función de que antes de firmar un contrato, realizaban un control previo de legalidad que reducía los espacios de corrupción.
En tanto, Wilson Vallejo, subprocurador, dijo que hay un proyecto para sustituir a la figura del Contralor en un Tribunal de Cuentas.
Nota: El Universo – Nota Original: LINK