Luego de que se incorporaron 49 pruebas de oficio al trámite de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso, Gobierno realizó un pedido a la Corte Constitucional (CC), para que controle su dictamen. En Notimundo Estelar, el secretario jurídico de la Presidencia, Juan Pablo Ortiz, señaló que desde el Ejecutivo no buscan que se caiga el juicio, sino que se respete la legalidad y el debido proceso.

Ortiz aclaró que los proponentes del juicio político no se pueden mover de lo dispuesto por la Corte Constitucional”, lo que implica que se trate únicamente el supuesto peculado en Flopec.

Recordó que desde el Ejecutivo, se presentó un pedido de seguimiento del juicio político, bajo el argumento de un “intento por desviar la atención del proceso y topar temas que no son de competencia del caso”.

Así mismo, resaltó que la CC está facultada para controlar su veredicto, y negó que lo solicitado al organismo sea a una intromisión en otras funciones del Estado.

Por otro lado, criticó que los asambleístas no hayan mencionado el perjuicio para el Estado por el presunto delito de peculado del Presidente. “¿Cuál ha sido? Sí tanto en el contrato específicamente como en el tema de Flopec hay una utilidad y una ganancia, en el periodo del presidente Lasso”, sostuvo.

Con respecto a las acusaciones sobre que Lasso habría tenido conocimiento del caso de la supuesta malversación de fondos, Ortiz aseveró que «no hay comisión por omisión, es decir que, quienes tenían que velar por esos contratos eran sus ministros.

Manifestó, además, que Jhonny Estupiñán y Oswaldo Rosero son testigos clave en el caso.

Al referirse a las pruebas que presentará el Ejecutivo en el juicio político, enlistó al “informe de Contraloría, las cartas de (Jhonny) Estupiñán y testigos que aclaren sobre el hecho”. Prefirió no revelar del todo sus sustentos legales en medio del proceso.

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