Como la «crónica de una muerte anunciada», calificó el constitucionalista André Benavides al pronunciamiento de la Corte Constitucional, con el cual dio la razón a la Asamblea Nacional y dispuso eliminar del Registro Oficial el Decreto-Ley conocido como ‘Antipillos’.
Recordó que la Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos no podía entrar al ordenamiento jurídico, pues fue rechazada y archivada previamente por el Pleno legislativo. No obstante, Benavides aclaró que el presidente Daniel Noboa tiene la posibilidad de presentar un nuevo proyecto de ley, si lo considera pertinente.
A su criterio, las actuaciones del Ejecutivo y el Legislativo, en torno a la Ley ‘Antipillos’, tuvieron tintes políticos y no respondieron a criterios jurídicos. «El proyecto tenía puntos positivos; la Asamblea debía separar lo bueno y lo malo de la Ley y aprobar lo que políticamente fuera correcto y jurídicamente viable», añadió.
Pronunciamiento sobre el Decreto 500, en suspenso
Para Benavides, «los desaciertos jurídicos del Gobierno están a la orden del día», y por ello el Decreto Ejecutivo 500 también debe ser derogado.
Dicho Decreto trata sobre la ausencia temporal por fuerza mayor que se concedió Noboa para hacer campaña electoral y es con el que se encargó la presidencia de la República a Cynthia Gellibert.
Benavides insistió en que el primer mandatario está «mal asesorado», y eso mina no solo al Gobierno, sino a la institucionalidad del país. Esos errores «infantiles» generan verguenza para la comunidad jurídica, agregó.
Cisma en el CPCCS
Por otro lado, Benavides se refirió a las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), cuyas oficinas fueron allanadas tras una polémica sesión donde se ratificó a Raúl González como nuevo Superintendente de Bancos, por apoyo de los consejeros de la ‘Liga Azul’, afín al correísmo.
Benavides lamentó que «el juego favorito» de los políticos y funcionarios públicos sea desconocer la constitución, la ley y las sentencias de los organismos correspondientes. En este caso, dijo el jurista, los consejeros desnaturalizaron el alcance de una sentencia de la Corte Constitucional para interpretarla a su conveniencia.
Ahora, al verse acorralados, los consejeros buscan reconsideran la votación para que se deje sin efecto aquello y deslindarse de la responsabilidad penal, sin embargo, «el delito ya fue cometido».
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