El analista político, Roberto Calderón, explicó que mientras no hayan las condiciones para acceder a un trabajo digno, los jóvenes, sobre todo de sectores rurales, son captados por las bandas delincuenciales y ven como una salida fácil el ingresar a las organizaciones delincuenciales que han atemorizado a diferentes lugares del país en los últimos días.
Por este motivo, Calderón enfatizó en la necesidad de reforzar la frontera marítima y la terrestre porque, “si no se lo hace de manera inmediata, el incremento de bandas narcodelictivas seguirá causándonos problemas de seguridad”.
Agregó que, para enfrentar esta problemática se debe trabajar en dos frentes inmediatos: el primero, la corrupción a nivel de organismos del Estado. “Mientras las nuevas generaciones ven que se cometen muchos actos de corrupción y que es normal, incluso por parte de usuarios de servicios públicos, no tenemos un norte definido a largo plazo como Estado”, dijo.
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En segundo lugar, mencionó a la Rehabilitación Social. En este marco, manifestó que las personas privadas de la libertad deben tener un mínimo de condiciones para que puedan ser rehabilitadas. Por ejemplo, se deberían construir nuevos centros carcelarios, esto, para que no existan represalias cada vez que los presos son trasladados de un centro penitenciario a otro. “El Estado con su mala política carcelaria propicia que se sigan cometiendo delitos dentro de las cárceles”, precisó.
En relación al posible libre porte de armas que analiza el Ejecutivo, Calderón expresó que se trata de una solución “facilista”, “como no podemos como Estado defenderles, ustedes defiéndanse como puedan”, mencionó Calderón y explicó que, en caso de que se den las condiciones legislativas y operativas el control de armas, se debería evaluar para ciertos sectores que tienen riesgo para su integridad como abogados, jueces y fiscales.
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No obstante, Calderón mencionó que las condiciones para otorgarse los permisos tienen que ser más estrictas como realizar dos exámenes psicológicos (cada año), que los permisos sean revocados cuando exista una denuncia del mal uso de las mismas. “Al Estado le conviene otorgar permisos porque mucha gente, aunque no tenga autorización, va a adquirir un arma de fuego, entonces al Estado le conviene saber quién tiene esas armas de fuego y dónde las tiene”, enfatizó.
Finalmente, resaltó que el país entero no tiene las garantías mínimas para continuar con sus actividades laborales y menos quienes están expuestos a venganzas por parte de bandas armadas como jueces, fiscales e incluso abogados.
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