Llegaron con ocho pedidos específicos hasta la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, que en estos momentos, trata la propuesta de Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad, que prevé a través de diversas contribuciones, reunir los recursos suficientes para reconstruir Manabí y el sur de Esmeraldas.

Llegaron con ocho pedidos específicos hasta la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, que en estos momentos, trata la propuesta de Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad, que prevé a través de diversas contribuciones, reunir los recursos suficientes para reconstruir Manabí y el sur de Esmeraldas, dos de las provincias más afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril. Son los productores de atún, camaroneros, exportadores de café, balanceados y varias industrias, agrupados en el Gremio de Empresas de Manabí.

Álvaro Orellana, representante de ese gremio, aseguró que son 8 mil trabajadores directos y 40 mil indirectos los que resultaron afectados y puso el ejemplo de Industrias Ales, que terminó con la planta que funciona en Manabí, destrozada por completo y perdió alrededor de 15 millones de dólares, mientras otras solo operan al 20% de su capacidad.

Los daños fluctúan entre los 50 y 60 millones de dólares, aunque no son cifras exactas, porque las empresas aún evalúan los daños. “Trabajamos de la mano con el Consejo Consultivo conformado por los ministros y varios de los requerimientos se resolvieron ayer, con el anuncio de los créditos que la banca pública y privada otorgará para la producción”, dijo Orellana.

Los ocho pedidos

El primer pedido que se hizo, es que  se exonere del pago de los impuestos prediales a los terrenos de las plantas industriales afectadas por el terremoto. Además solicitaron que se contemple en la ley que los empleadores que contraten a damnificados del terremoto se beneficien de la deducción del Impuesto a la Renta del 100% adicional. Con esto quieren incentivar la economía.

El tercer pedido fue la exoneración del anticipo de Impuesto a la Renta por cuatro años a las empresas afectadas en Manabí, incluidas las que se encuentren domiciliadas en otras provincias, pero que tienen sus plantas en esa jurisdicción. También piden lo propio con las sociedades domiciliadas en otras provincias, pero que sus fábricas estén en Manabí o Esmeraldas.

Además solicitaron que se considere como gasto deducible de Impuesto a la Renta las donaciones que hicieron los empleados en relación de dependencia para los damnificados del terremoto. “Esto es para que las empresas se sientan motivadas a ayudar a sus empleados afectados por el terremoto”, dijo Orellana.

Con respecto al tema aduanero, solicitaron que cualquier pérdida de inventario causado por el terremoto no cause aranceles por la nacionalización de dichas mercaderías, con el objetivo de que la aduana no cobre esos valores.

El punto siete de la lista de pedidos se enfoca en que a aquellas empresas que deban recuperar capital perdido a causa del terremoto, se les exonere de impuestos por bienes importados y en el ítem ocho consideran que es necesario que los préstamos otorgados por instituciones financieras para la reactivación económica no paguen Impuesto a la Salida de Divisas y se los considere como gastos deducibles. “Esto no se trata de una nueva inversión, o un préstamo para una nueva actividad productiva, sino para reponer lo perdido. Apoyamos las contribuciones solidarias que se realizan porque es importante arrimar el hombro, no lo hagan por la empresa privada, tomen estas sugerencias por las provincias de Manabí y Esmeraldas”, concluyó Orellana.