Moreno señaló que por varias ocasiones han golpeado la puerta de distintos ministerios que tienen competencia en el tema minero, pero hasta ahora no tienen respuesta a las múltiples denuncias de las afectaciones ambientales y sociales que representa la minería ilegal en la Amazonía ecuatoriana.
Como consecuencia de ello, existen 2.025 hectáreas afectadas o destruidas por esta práctica, en los cerca de 65 frentes mineros en distintos sectores del cantón Carlos Julio Arosemena Tola y del cantón Tena, en la provincia de Napo. Una de las principales preocupaciones es que todas estas actividades se practican a orillas del río, lo que implica la contaminación del agua que consume más del 84 % de las comunidades de la zona.
Moreno hizo un llamado para que se concrete la «voluntad política» para frenar estas prácticas y con ello detener las afectaciones ambientales y a la salud de los habitantes.
Alertó que, debido a la falta de control del Gobierno, en las zonas mineras se han instalado al menos 16 grupos irregulares que en varios casos están armados, algo que mantiene en zozobra en los pobladores.
Según Moreno, en las comunidades donde están los frentes mineros no tienen acceso las Fuerzas Armadas, lo que complica frenar las labores de las cerca de 265 máquinas excavadoras que permanecen a lo largo del día extrayendo el material minero. Cada 24 horas, salen entre 7 y 14 millones de dólares en oro, que no están registrados en ninguna cartera de Estado ni ente de control. «¿A dónde está yéndose ese oro?», cuestionó.
En este sentido, manifestó que el pedido de este y otros colectivos es la declaratoria de emergencia ambiental y en las áreas de salud, educación y viabilidad, aunque ya desde el Gobierno les han indicado que no hay recursos. «Lo único que está quedando en el territorio son comunidades diezmadas por la minería», lamentó.
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