César Ricaurte, principal de Fundamedios, expresó que la idea central de la reforma es eliminar el régimen punitivo contra los medios y pasar a una normativa que garantice derechos a través de mecanismos legales ya existentes y de autorregulación, sin sanciones administrativas a periodistas o medios.
Señala que como resultado de los diálogos para la reforma se implementaría la intervención de la Defensoría del Pueblo y las acciones de protección existentes en la Constitución. Seguiría existiendo el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, con representación de la sociedad civil y la academia.
Guadalupe Fierro, de la UNP, dijo que la eliminación de este organismo era un reclamo del gremio periodístico porque la Supercom es incompatible con la institucionalidad democrática y con este cambio se recuperarían los estándares internacionales sobre libertad de expresión. “Ojalá en la Asamblea haya un ambiente favorable para mejorar el proyecto”.
En tanto, Paúl Mena Erazo, del FOPE, manifestó que eliminar la Supercom será una decisión acertada, pues ha sido un instrumento dentro de un esquema perseguidor y sancionador que se instauró en el gobierno de Rafael Correa.
La Supercom tuvo problemas de credibilidad desde su origen, pues su titular se designaba de una terna enviada por el presidente y ello se señalaba como una falta de independencia del gobierno de turno.
Tras el anuncio de Moreno, la Superintendencia emitió un corto comunicado, en el que señala que respetará las disposiciones que emitan los órganos e instancias pertinentes, en los plazos correspondientes. Y que mientras tanto, continuará su gestión para la protección de los derechos.
