Entre el 2012 y junio del 2016, las empresas Spartan y Clearprocess reportaron exportaciones de oro a Estados Unidos superiores a las recibidas en ese país, lo que alertó sobre presuntas irregularidades vinculadas con el lavado de activos.

Fiscalía

Este fue uno de los puntos tratados en la rueda de prensa ofrecida, este martes 9 de agosto, por el  fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, con delegados del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), Servicio de Rentas Internas (SRI), la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Unidad de Lavados de Activos de la Policía Nacional.

Las instituciones involucradas intervinieron con un análisis pormenorizado de su gestión en este caso denominado ‘Atardecer’, en el que existen 7 personas detenidas por  lavado de activos.

Byron Valarezo, director General de la UAF, indicó que mediante alertas generadas en los años 2012 y 2014, se conoció que la exportación de oro de Ecuador superó la producción del metal en el país.

Conocida la situación se analizó el caso, y sus resultados fueron puestos a conocimiento de la Fiscalía para el inicio de una investigación, al determinarse que ambas empresas son las que tendría la mayoría de exportaciones.

Fabián Soriano, subdirector de Operaciones de la SENAE, manifestó que la institución estudió la cantidad de venta en dólares y los volúmenes de oro exportados por las empresas investigadas a otros países.

La exportación del producto fue comparada con las importaciones recibidas por EEUU, determinándose que el movimiento comercial de estas compañías fue irregular.

Por ejemplo, ambas empresas realizaron 217 exportaciones de oro a Estados Unidos, número que es superior al compararlo con las 131 importaciones de ese metal, recibidas por el país norteamericano, entre el 2012 y junio del 2016.     

Lorena Freire, subdirectora General de Cumplimiento Tributario del SRI, indicó  que dentro de la revisión se detectaron compras a contribuyentes sujetos al RISE (Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano), llamando la  atención que este tipo de adquisiciones cubren entre el 99 y 100% del total de compras de oro.

Esto va en contra de la Ley de Régimen Tributario Interno, que  establece la imposibilidad de que se puedan acoger al RISE quienes se dediquen a actividades de extracción y comercialización de sustancias minerales metálicas.

La directora Ejecutiva de  ARCOM, Cristina Silva, indicó que la institución actúa como agencia reguladora de control de las compañías encargadas de la producción de oro en el país.

“Existe un control en la emisión de los certificados de exportación de oro hacia otros países, esto permitió identificar que algunas comercializadoras no reportaban sus exportaciones, que correspondían a montos económicos altos, esto no fue reportado ni ingresado a las arcas del estado”, expresó Silva.

La fiscal del caso, Diana Salazar, expresó que la investigación se realiza de manera coordinada con las otras instituciones involucradas, con base en los informes emitidos por la SENAE, SRI y la ARCOM.

Con base  en estas investigaciones, la Fiscalía del Ecuador, realizó un operativo  en tres ciudades del país, en el que se recaudó elementos de convicción que demostrarían la participación de los 7 procesados que se encuentran con prisión preventiva.

Entre los detenidos se encuentran accionistas de las compañías involucradas, Spartan del Ecuador y Clearprocess. Para el mes de septiembre se espera el cierre de la instrucción fiscal, por lo que continúa el proceso investigativo.

El fiscal general Galo Chiriboga, concluyó con el agradecimiento a las instituciones que colaboraron con la Fiscalía en este proceso, pues contribuyeron en la investigación fiscal.

Datos:

La Fiscalía General del Estado sigue un proceso investigativo por el presunto delito de lavado de activos, por movimientos inusuales de dinero en la exportación de oro hacia los Estados Unidos.

En el operativo “Atardecer”, realizado el 17 de junio del 2016, la Fiscalía allanó 22 propiedades en las ciudades de Quito, Guayaquil y Machala. Incautó 100 vehículos, dinero en efectivo, armas y documentación.

El delito de Lavado de Activos está tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y sanciona con pena privativa de libertad de hasta 13 años.