Luego que la Presidencia de la República introdujera una notitia criminis en la Fiscalía para que se investiguen presuntas irregularidades en el servicio de alimentación en las cárceles, Richard Villagrán, presidente del grupo Riasem al que pertenece la empresa Lafattoria S. A., reaccionó a través de un comunicado difundido en la red social X, antes Twitter.
Esta firma es la encargada de la alimentación en las cárceles de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos, Pichincha, Santo Domingo, Napo y Cotopaxi, y también da el servicio en los cinco reclusorios que conforman el complejo penitenciario de Guayaquil.
Esta semana la compañía suspendió la provisión de alimentos en los reclusorios del norte de Ecuador, pues alega que el Gobierno mantiene una deuda de $ 28′500.000, valor que abarca el servicio de alimentación en los territorios 1 (cárceles del norte del país) y 3 (complejo carcelario de la urbe porteña) y también el Programa de Alimentación Escolar (PAE), ya que Riasem también es proveedor de ese servicio desde hace ocho años.
Al respecto, el presidente de la República, Daniel Noboa, señaló en sus redes sociales: “Jamás favoreceremos a proveedores del Estado que tengan vínculos con el crimen organizado”.
El mandatario sostuvo, además, que ”son 171 millones (de dólares) los que el proveedor de alimentos de las cárceles del país ha acumulado desde 2015. 171 millones que de comprobarse la vinculación a los actos ilícitos presentados hoy (jueves) en la denuncia a la Fiscalía, habrían sido destinados a financiar a estas organizaciones criminales”.
De los supuestos actos ilícitos en los que habría incurrido Lafattoria no se han dado detalles, ya que la información fue clasificada como secreta.
Richard Villagrán, presidente del grupo Riasem, descartó tener vinculación con “políticos del pasado” y mucho menos con el narcotráfico.
Sugerir que la empresa ha acumulado $ 171 millones y que ese dinero recibido del Estado ha servido para financiar a grupos criminales es una acusación que “ha golpeado el corazón de miles de personas que participan directa e indirectamente de esta titánica gestión del grupo empresarial que dirijo”, expresó.
En ese marco, Villagrán refirió que esa información es errada, que al presidente Noboa lo han malinformado y que aquello se demostrará cuando terminen las investigaciones de la Fiscalía.
“Es errada la información, señor presidente, que más bien parece una justificación para no pagar los casi $ 30 millones que nos debe por servicios de alimentación efectivamente prestados, dentro de lo que ordena la ley”.
El presidente de Riasem destacó que su empresa ha sido auditada por años, que nunca ha sido denunciada penalmente, que tampoco ha sido glosada por la Contraloría General del Estado, que lleva al día sus reportes con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que paga puntualmente sus impuestos y que reinvierte sus utilidades, generando miles de empleos.
Por tanto, considera que insinuar corrupción sin evidencia constituye una difamación y un estigma contra la empresa, situación que ha dejado ya sin comida a miles de personas privadas de libertad (PPL) y dejará a un millón y medio de niños sin desayuno escolar en los próximos meses.
En abril pasado, Villagrán señaló a este Diario que el servicio de alimentación en las cárceles se ofrece con rigurosos protocolos de seguridad, por lo que descartó que por medio de este haya irregularidades, como el ingreso de armas u otros artículos prohibidos.
“Nosotros tenemos la trazabilidad, desde el agricultor hasta la puerta de la cárcel. Yo me hago responsable de toda esa trazabilidad y nos gastamos un montón de dinero para asegurarnos de que toda la trazabilidad sea controlada”, expresó él a propósito de señalamientos en torno a que las armas entrarían a las cárceles mediante el servicio de alimentación.
Así lo dijo el entonces asambleísta Fernando Villavicencio (+), durante una sesión en la legislatura.
Fuente: El Universo
