La abogada y exsecretaria de la Asamblea Nacional, Libia Rivas, manifestó que “en varias sesiones al interior del Pleno de la Asamblea Nacional, a veces no reviste claridad la forma de la votación en cuanto a las funciones”. Por ejemplo, en cuanto a las mociones, explicó que una adecuada redacción de las mismas, permite que los legisladores obtengan lo que buscan, pero cuando el escrito no se realiza de forma correcta, genera confusión en la votación.
.@librivs: «Esto es algo anecdótico, no ha pasado en otros periodos legislativos, que se recurra de forma permanente a solicitar informes jurídicos para determinar cómo debe ser el marco adecuado de actuación de los legisladores».
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— NotiMundo (@notimundoec) May 16, 2022
También, indicó que se ha evidenciado que los asambleístas acuden constantemente a interpretaciones y a la emisión de informes por parte de la dirección jurídica. “Esto es algo anecdótico, no ha pasado en otros periodos legislativos, que se recurra de forma permanente a solicitar informes jurídicos para determinar cómo debe ser el marco adecuado de actuación de los legisladores. Eso deslegitima su propio accionar”, criticó. Rivas cuestionó los diferentes hechos en donde la Función Legislativa remitió consultas a otros organismos, como la Procuraduría o la Corte Constitucional, a la cual envió el veto parcial del Ejecutivo a la Ley de Aborto por Violación para una aclaración.
Con respecto al proceso que se siguió para la evaluación de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, la abogada recordó que la jueza que conoció la acción de protección que pretendía dejar sin efecto la conformación de la Comisión Pluripartidista Ad Hoc, no dio la razón a lo actuado. Por lo que, dijo que hay que ver lo que sucede en la apelación. Reconoció que Llori es la primera titular del Legislativo en usar el sistema judicial para mantenerse en el cargo.
La abogada reveló que se han abierto espacios de capacitación e incluso dos diplomados de manera gratuita, para que los asambleístas y sus equipos de trabajo puedan fortalecer sus conocimientos y ejerzan de mejor manera sus atribuciones. “Los legisladores tienen que observar todas las normas, plazos y términos previstos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, porque esa es la única forma de garantizar el derecho al debido proceso”, insistió.
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