Gonzalo Realpe, abogado de los exestudiantes del colegio nacional Mejía detenidos en septiembre del 2014, presentó este miércoles una denuncia en la Fiscalía en Quito en contra del cesado presidente del Consejo de la Judicatura Gustavo Jalkh y del exministro del Interior y actual asambleísta José Serrano, por supuesta tortura.

El Telégrafo

La detención de 53 jóvenes se produjo la noche del jueves 18 de septiembre de 2014, cuando estudiantes del colegio Mejía, atendiendo una convocatoria de movilización de sectores sindicales y sociales, protagonizaron violentas protestas y enfrentamientos con la Policía. Los incidentes -ocurridos en las calles aledañas a la institución– congestionaron el tráfico en la calle 10 de Agosto, a la altura del Gobierno Provincial.

A los jóvenes se los acusó del presunto delito de daño a bienes ajenos, tipificado en el artículo 204 del Código Penal. Según los informes policiales, los estudiantes detenidos participaron en ataques a la Policía, en el cierre de calles y en la destrucción de la propiedad privada y pública (una de las estaciones del sistema de transporte Trolebús).

Dos días después las protestas continuaron en los alrededores del colegio Mejía, y se detuvo a otros 126 manifestantes, de los cuales 65 eran menores de edad, por lo que procedieron a liberarlos. De ellos, 42 se reintegraron a clases después de una suspensión de 30 días y los 23 restantes fueron reubicados en otros establecimientos.

De acuerdo a Realpe, luego de la detención y los supuestos actos de tortura a los 53 exestudiantes, «vino la complicidad con todos los funcionarios públicos; es decir, no solamente que se les torturó a los estudiantes sino que se cometió un crimen de Estado porque en estos hechos participaron dos funciones del Estado», esto porque la Función Ejecutiva, la representaba el entonces ministro del Interior, José Serrano; y en la Función Judicial Gustavo Jalkh, argumentó.

Realpe señaló que no habían presentado antes la denuncia porque consideraron que Jalkh la hubiese desechado junto con los reconocimientos médicos legales «de las torturas causadas a los estudiantes del colegio Mejía en el interior del regimiento Quito, en las celdas del Regimiento Quito. Hubieran botado a la basura y hubieran encubierto, hubieran tapado a los autores, cómplices y encubridores de este gravísimo delito contra los derechos humanos».

Fuente: El Universo