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En una sesión realizada la tarde de hoy, lunes 24 de septiembre del 2018, en Montecristi, Manabí, la Comisión de Fiscalización dio paso a que el exministro de Finanzas, Carlos de la Torre, sea llevado a juicio político ante el Pleno de la Asamblea Nacional.

El Telégrafo

La decisión se tomó con los votos de nueve de sus 12 integrantes. Los legisladores Lira Villalva y Hermuy Calle (exAP) y Raúl Tello (BIN) no participaron de la cita. El exfuncionario afronta este proceso por haber dispuesto el año pasado el traslado de unos USD 300 millones del fondo destinado a la reconstrucción de las provincias afectadas por el terremoto del 2016 a la Cuenta Única del Tesoro Nacional, algo que él justificó en su momento.

María José Carión (AP), presidenta de la Comisión, aseveró que “inmediatamente” se dará la notificación y anunció que esta mesa arrancará con una investigación “profunda” sobre la inversión realizada en la zona afectada por el fenómeno natural.

La sesión tuvo lugar en el Complejo Ciudad Alfaro, a donde también acudieron miembros de la Comisión Cívica Anticorrupción de la provincia para denunciar una supuesta falta de ejecución de obras. “Queremos agradecer con frontalidad el gesto que ustedes han tenido en venir a nuestra provincia, aunque tarde pero más vale tarde que nunca”, les dijo Julio Villacreces, presidente de la organización ciudadana.

A su vez, Villacreces pidió que el exministro Carlos de la Torre “no sea usado como chivo expiatorio” y sostuvo que este proceso debe ser el inicio para hacer un seguimiento al dinero empleado para la reconstrucción. “Él (De la Torre) no fue el primero en romper la Ley de Solidaridad, en el Gobierno pasado también se lo hizo y en este Gobierno también lo siguen haciendo”, expresó el dirigente.

Previamente, los asambleístas y el secretario nacional para la reconstrucción, José Herrera, recorrieron el sector de Tarqui, en Manta, uno de los sectores más afectados por el terremoto. Al respecto, Herrera ratificó que el Ejecutivo ha solicitado a la Contraloría General del Estado que haga “una revisión, (y) exámenes especiales”.

Fuente: El Comercio