Ecuador atraviesa una ola de violencia sin precedentes. Cuerpos colgados de puentes peatonales, coches bomba, masacres carcelarias y atentados contra unidades policiales son algunas de las escenas que el país ha visto durante los últimos días. El mensaje del crimen organizado atemoriza a la población y deja claro a las autoridades que la guerra que les ha sido declarada no será fácil de librarla.

En Más Allá de los Hechos, el ministro del Interior, Juan Zapata, explicó que los ataques perpetrados por las bandas criminales desde inicios de noviembre son el resultado de las acciones que lleva a cabo el Ejecutivo en la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, específicamente por los traslados de reos de la Penitenciaría del Litoral y las adecuaciones que se realizan en ese centro carcelario. Hasta el momento han sido reubicados cerca de 2.500 reos en otros pabellones de esa misma prisión y en otras cárceles del país.

«Cuando se genera el control en las cárceles es algo que a los líderes (de las bandas criminales) no les gusta; era lógico saber que iban a haber reacciones», apuntó Zapata, pues los atentados con explosivos que se generaron en Guayaquil, Santo Domingo y Esmeraldas se dieron de forma paralela cuando se desarrollaban los traslados. Aclaró que estas acciones se las ha realizado en apoyo al SNAI, órgano rector de las prisiones en Ecuador, en el marco de la transformación del sistema penitenciario que se promueve desde el Gobierno.

El Ministro precisó que como parte de la estrategia para retomar la tranquilidad en el país se ejecutan controles en los centros de privación de libertad y también en las zonas más conflictivas, pues recordó que quienes tienen poder en uno o varios de los pabellones también lo ejercen en las calles. En este sentido, afirmó que la Penitenciaría del Litoral está bajo control, con efectivos policiales y militares al interior y también fuera del lugar, e hizo un nuevo llamado a los medios de comunicación para que se reflejen los trabajos ejecutados por la fuerza pública.

Frente a los enfrentamientos registrados en la cárcel de El Inca, en Quito, el pasado 07 de noviembre, Zapata explicó que fue «una riña circunstancial» debido a que los reos de un pabellón detectaron a un informante de una banda delictiva rival. Aunque el hecho dejó 5 muertos y 7 heridos, negó que se haya tratado de un amotinamiento general.

Por otro lado, insistió en que el proceso de transformación del sistema penitenciario no está a cargo de la Policía, pero añadió que este es un proceso integral que comprende la implementación de tecnología al interior de las cárceles, como escáneres para la detección de objetos prohibidos en los filtros de ingreso, inhibidores de señal, entre otras. «Es un proyecto muy ambicioso y caro, pero el Presidente (Guillermo Lasso) ha dicho: usted no se preocupe del presupuesto», expresó.

Frente a los sonados casos donde la propia Policía permite el ingreso de armas y otros objetos prohibidos a los centros penitenciarios, informó que la nueva disposición es que los uniformados que laboren en las cárceles deberán pasar pruebas de confianza, además de que serán rotados cada 6 meses, con el objetivo de garantizar que estas prácticas no continúen. «Hay que acabar con el mal de raíz y lo peor que podemos hacer es cerrarnos a una realidad que existe; hay mucha corrupción y por eso se están generando cambios estructurales», dijo Zapata, al tiempo que destacó que para el 24 de noviembre se graduarán 1.400 nuevos agentes penitenciarios.

En contraparte, Karol Noroña, periodista de GK, aclaró que lo que los medios cuestionan no es el discurso «optimista» de las autoridades frente a la situación del país, sino el lenguaje que se utiliza para referirse a los hechos. «¿Qué significa neutralizar o doblegar al crimen organizado, cuando tenemos estos episodios de violencia que no han cesado desde 2019?», se preguntó.

Rechazó las afirmaciones oficiales que apuntan a que se mantiene el control en las cárceles, pues las armas continúan ingresando para los presos y los niveles de violencia no se han reducido con la actual administración gubernamental. Asimismo, criticó que la Policía afirme que no tiene competencia al interior de las prisiones, pues señaló que desde 2015 existe una unidad de inteligencia penitenciaria para advertir sobre posibles enfrentamientos y precisamente evitarlos.

La comunicadora denunció que la corrupción está tan arraigada en el sistema carcelario, que se ha visto cómo los líderes de algunas organizaciones criminales incluso beben y comen con funcionarios públicos. Agregó que poseen privilegios de los cuales no gozan el resto de los reos, que no cuentan con el mismo poder. Reveló que en una entrevista que realizó a la madre de una de las víctimas de las masacres carcelarias conoció el privado de libertad era extorsionado con altas sumas de dinero a cambio de no asesinarlo. «El crimen organizado no exsiste sin el Estado y sin un grado de protección estatal», sentenció.

Néstor Rosania, investigador de conflictos armados y director de periodismo Seguridad y Paz en Colombia, manifestó que desde la experiencia de su país es necesario que se comprenda la magnitud del problema y que se entienda que los tentáculos del narcotráfico y el crimen organizado alcanzan a todos los niveles del Estado. «Aquí (Colombia) (el narco) estaba metido en el Congreso, en el Ejecutivo en la misma Presidencia y también involucró muchas veces a la Justicia», dijo.

Por ello, insistió en que minimizar la situación, haciendo creer que los hechos de violencia y corrupción son casos aislados, no contribuirá para tener soluciones efectivas contra este fenómeno que acecha al país. Según Rosania, los grupos armados de Colombia y Perú se empezaron a «recostar» hacia las fronteras con Ecuador, derivando en que una reconfiguración del conflicto armado interno se traslade hacia el territorio nacional.

Finalmente, Diego Pérez, decano de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), lamentó que en la historia del país se evidencia un progresivo deterioro de las capacidades de control del Estado sobre las cárceles y otros sectores. Esto, dijo, debe invitar a la reflexión para reforzar las capacidades a la fuerza pública, garantizar la articulación de las entidades que tienen competencia en este tema y reconocer que la amenaza está latente por la penetración del narcotráfico en Ecuador.

Consideró que la postura del Gobierno de responsabilizar a sus opositores políticos de estar vinculados con grupos delincuenciales es una estrategia «que ya está agotada y no aporta en nada al problema real». Por ello, instó a que se pueda afrontar la problemática de cara a resolverla, y con ello delimitar una hoja de ruta para establecer las responsabilidades de cada actor y con esto devolver la paz que tanto hace falta al país.

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