De cero empezarán las investigaciones para encontrar a David Romo, quien desapareció el 16 de mayo de 2013. A las 22:22 de ese día, su madre Alexandra Córdova lo llamó y recuerda que el joven, en ese momento de 21 años, le dijo en voz baja: “estoy en el bus, ya estoy cerca”.
Luego de esa llamada de 80 segundos no volvió a saber de él. Un grupo de abogados con representación nacional e internacional se unió para dar el soporte legal a la investigación.
El 7 de agosto de 2017 interpusieron una demanda por violaciones a los derechos humanos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en donde, según el abogado Byron Ayala Montaño, esperan que se recomiende al Estado las investigaciones para castigar a los responsables, además esperan un reconocimiento y rehabilitación sicológica y compensación y que se adopten las medidas para la no repetición de estos casos.
En estas acciones participan los abogados Juan Pablo Albán y Cindy Aguiar, de los consultorios jurídicos de la Universidad San Francisco de Quito, además de Montaño y su padre Byron Ayala Custode, por la firma Global Advise.
Estiman que hay responsabilidad de nueve entidades, entre ellas la Fiscalía, Policía, Ministerio del Interior, Consejo de la Judicatura. Esperan que la resolución de la CIDH se conozca en el primer trimestre del próximo año y luego sea aprobada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para el obligatorio cumplimiento del Estado. Ayala recordó que el pasado 3 de agosto la Defensoría del Pueblo emitió varias conclusiones del caso, entre ellas identificó violaciones al debido proceso.
También cuestionaron la calificación de reserva que por dos años tuvo el expediente. El proceso legal nacional El 16 de agosto de 2017 la defensa nacional, encabezada por el abogado Álex Bonifaz, interpuso una acción por desaparición forzada.
Esta investigación está abierta. Como parte de este proceso, la Fiscalía creó el 10 de septiembre del año pasado un grupo de trabajo, integrado por la madre, los abogados, además de peritos e investigadores nacionales e internacionales para trabajar en la búsqueda. Según Bonifaz, participarán expertos del FBI, de EE.UU.
Sin embargo, la familia solicitó que no intervengan la Policía ni la Dinased, “porque sustentan sus teorías en programas de televisión”, afirmó Córdova. El abogado aclaró que las investigaciones irán de cero, porque hay “varias negligencias y omisiones por parte de los fiscales que participaron en el caso”. Por ejemplo, detalló que el primer fiscal Jorge Nogales abrió dos investigaciones, una por robo y otra por desaparición, siendo el mismo proceso. (I)
Fuente: El Telégrafo – nota original: LINK
