En Notimundo Estelar, Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, explicó que la institución ha cumplido, hasta el momento, todas las partes de la sentencia que le correspondían, entre ellas: el envío del documento al CPCCS en el que se solicitaba que se active el proceso para la designación del nuevo titular del CJ; el pago de USD 5.000 de reparación a Álvaro Román y las disculpas públicas, y la posesión de Román como vocal suplente.
“De mi parte nunca hubo un interés de asumir o perseguir la presidencia del CJ. Yo asumí una responsabilidad cuando el organismo, por la renuncia de María del Carmen Maldonado, se vio sin su titular”, enfatizó Murillo.
Agregó que solo puede referirse a lo que le ha ordenado la sentencia que es, a activar el mecanismo de selección. “Ya el proceso del envío de la terna es potestad de la Corte Nacional y del CPCCS, nada tiene que hacer el CJ, ni Fausto Murillo en ese proceso, y no ha hecho nada”, insistió.
Murillo también calificó como “falacias e infamias” al presunto acuerdo que existiría con el titular del CPCCS, Hernán Ulloa, para mantenerlo en el cargo, así como a la supuesta ‘acción organizada’ para prorrogarlo en sus funciones. “No olvidemos que la CC en la sentencia renococe y dice que quien debe presidir, temporalmente, el CJ, es Fuasto Murillo”, dijo y agregó que esto legitimó la decisión del Pleno el 3 de feberro de 2022.
“Tendrán que demostrar, yo no tengo ningún acuerdo, jamás en mi vida hago acuerdos bajo la mesa, todas mis actuaciones son transparentes y a la luz pública”, dijo en rechazo a las declaraciones de varios actores políticos.
Principales problemas de la Judicatura
Murillo se refirió a los cuestionamientos de las decisiones de los jueces de garantías constitucionales y penitenciarias lo cual, según afirmó, no tiene nada que ver con el Consejo de la Judicatura. Esto, y las declaraciones jurisdiccionales previas tendría que ser corregido por los jueces superiores, para que la Judicatura pueda ejercer su potestad disciplinaria y, en un debido proceso, ratificar su inocencia o destituir a los magistrados. “93 jueces han sido removidos por esta administración, pero aún hay algunos que se ponen de lado de la delincuencia y del crime organizado”, recalcó.
Lo de la administracion de justicia es por el accionar de los jueces no el de la Judicatura, “no somos responsables del proceso de selección que hoy tiene a los jueces en funciones. El 99.9% de jueces que están en funciones son fruto de los procesos llevados en las adminstraciones de Paulo Rodríguez y de Gustavo Jalkh”, manifestó.
En relación a la supuesta baja ejecución del presupuesto del CJ y la falta de insumos básicos, Murillo prefirió evadir la pregunta y resaltar su gestión en otras áreas como la selección de 14 jueces para la Unidad Especializada Anticorrupción o la designación de 76 fiscales y defensores públicos. No obstante, tras varias insistencias, terminó admitiendo que en todas las provincias se ha ejecutado el 99.9% del presupuesto asignado.
Eliminación de la tabla de consumo de drogas
Murillo aseguró que, desde el ámbito jurisdiccional, es necesario que los jueces tengan, un parámetro, pues no se le puede imponer la misma pena a un ciudadano que porta gramos que a uno que lleva kilos o toneladas. “Hay que analizar qué ha pasado en estos últimos años, ¿ha aumentado el consumo, el microtráfico, el tráfico a mediana o gran escala?”, dijo y añadió que es una política de salud pública para quienes han iniciado en el tema de drogas y que no se debe dejar de lado la persecución al crimen organizado y al tráfico de sustancias.
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