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Los fiscales de Brasil, Bolivia y Colombia se reunirán hoy en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, con el objetivo de analizar el caso del avión de la aerolínea Lamia accidentado la semana pasada en Colombia.

El fiscal del Estado, Ramiro Guerrero, confirmó que en la cita también participará la Directora Nacional Anticorrupción de Bolivia, Willma Blazz.

El encuentro de cooperación judicial regional busca agilitar las investigaciones por el accidente y garantizar una pronta administración de justicia para los familiares de las víctimas.

Entre tanto, Gustavo Vargas, gerente general de la aerolínea Lamia fue trasladado la víspera a las oficinas de la fiscalía de Santa Cruz, en calidad de aprehendido, junto a dos empleados de la compañía.

Iván Quntanilla, integrante de la comisión de fiscales que investiga el siniestro, dijo que la indagación se ampliará al copropietario de la empresa Marco Rocha, residente en la ciudad de Cochabamba en el centro de Bolivia.

El otro representante de la empresa, Miguel Quiroga era el piloto que perdió la vida al estrellarse el avión y sobre quién pesa la responsabilidad de no garantizar la cantidad de combustible suficiente para efectuar el vuelo.

Otra persona investigada es Celia Castedo, funcionaria de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares de Navegación Aérea, que huyó a Brasil para pedir refugio. A ella se la considera responsable de expedir la autorización para que despegara la aeronave de Lamia, pese a hacer notar que el plan de vuelo era anómalo y la carga de combustible insuficiente para recorrer los cerca de 3.000 kilómetros que separan a Santa Cruz (Bolivia) de Medellín (Colombia).

El avión que despegó el 28 de noviembre pasado del aeropuerto de Viru Viru, ubicado en el oriente boliviano se precipitó a tierra el mismo día presumiblemente por falta de combustible en la región de Antioquia, Colombia, con un saldo de 71 fallecidos, de los cuales, cinco eran de nacionalidad boliviana.

Además, en el accidente perdieron la vida casi todos los integrantes del equipo de fútbol brasileño Chapecoense, varios periodistas y solo sobrevivieron 5 personas entre pasajeros y tripulantes.

Después del siniestro, Bolivia suspendió el permiso de operación a la empresa Lamia, especializada en vuelos chárter y abrió una investigación para saber si cumplió con todos los requisitos para la explotación de servicios aéreos.