Según recoge el portal español El Confidencial, las diligencias fiscales han permitido recabar indicios que apuntan a que el consorcio pagó al menos $ 1,2 millones a funcionarios ecuatorianos para asegurarse el encargo.
La investigación partió de las denuncias efectuadas por algunas personas que participaron de forma directa en lo sucedido. Los sobornos se camuflaron como pagos a terceras empresas por la prestación de servicios, según las confesiones.
Aparentemente los sobornos se dividieron en pagos más pequeños para pasar desapercibidos. Tras un abono inicial superior a los $ 300.000, hubo hasta 24 pagos posteriores de $ 35.000 cada uno. Su destinatario fue uno de los hijos de Gonzalo Alonso Martínez, cónsul honorario de Ecuador en Madrid, quien, según las sospechas, creó una sociedad ficticia solo para recibir el dinero.
La investigación partió de las denuncias efectuadas por algunas personas que participaron de forma directa en lo sucedido. Los sobornos se camuflaron como pagos a terceras empresas por la prestación de servicios, según las confesiones.
Aparentemente los sobornos se dividieron en pagos más pequeños para pasar desapercibidos. Tras un abono inicial superior a los $ 300.000, hubo hasta 24 pagos posteriores de $ 35.000 cada uno. Su destinatario fue uno de los hijos de Gonzalo Alonso Martínez, cónsul honorario de Ecuador en Madrid, quien, según las sospechas, creó una sociedad ficticia solo para recibir el dinero.
Jesús Miguel Trababa, responsable máximo de Bustren, la compañía que lidera el consorcio, se encuentra en el centro de la operación.
Trababa fue consejero delegado de Metro de Madrid entre los años 2003 y 2011 y _según indica el medio español_ desde allí pudo conocer al detalle los planes del Municipio de Quito sobre el proyecto del metro e incluso se reunió con el alcalde de aquella etapa que visitó Madrid para informarse.
Para 2013, la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, que entonces tenía por gerente general a Edgar Jácome Zambrano, puso en marcha una licitación para contratar una gerencia del proyecto.
Trabada firmó un contrato privado con responsables de Prointec y KV Consultores para formar un consorcio y presentar una oferta. Así surgió la sociedad ecuatoriana Consorcio GMQ, integrada por las empresas antes mencionadas, no así por Bustren, ya que no cumplía los requisitos mínimos de antigüedad.
Sin embargo, en el contrato privado quedó reflejado que Bustren, la empresa de Trabada, acumularía la participación principal, con un 80%, mientras que las otras dos disfrutarían de un 10% cada una.
Luis Rodríguez Sol, fiscal al frente de las pesquisas, asegura que GMQ influyó a través de los sobornos incluso en la fase previa de la licitación, de forma que el pliego de condiciones fue el resultado de una negociación concertada. Supuestamente todo fue pactado hasta tal punto que los miembros de la comisión técnica de Quito fueron indicando cómo debía ser la oferta para que tuviera éxito.
Días antes de que el concurso se ganara de forma definitiva, un empleado de KV Consultores acudió a una reunión con uno de los ecuatorianos. “Me han dicho que lleve la maleta”, comentó, según se desprende de las diligencias llevadas a cabo por la Fiscalía en España.
En junio de 2013, Metro de Quito otorgó el contrato de asesoría al consorcio. Recién un mes más tarde el grupo ganador se constituyó formalmente como sociedad y abrió cuentas bancarias en Ecuador.
La gerencia del proyecto se realizó en gran medida desde Madrid, en las oficinas del consorcio liderado por Bustren. Fue adjudicado al consorcio por $ 15,3 millones. Con una duración de 45 meses, preveía una serie de gestiones de consultoría. GMQ se comprometió con Metro de Quito a entregar 40 informes. A la firma del contrato debía entregarse un 30% mientras que el resto se abonaba tras la entrega de cada uno de estudios, $ 384.000 por cada uno de ellos.
El Ministerio Público presentó la denuncia, que fue admitida a trámite por la Audiencia Nacional. Nueve personas están citadas a declarar en mayo; entre estas se encuentran varios empresarios que participaron en los hechos. A estos se acusa de la comisión de un delito de corrupción en las transacciones económicas internacionales.
La construcción del Metro de Quito comenzó en 2013 y su coste supera ya los $ 2.000 millones. Está pendiente de la entrega final a la espera de que el Municipio quiteño resuelva cómo gestionarla, tras varios intentos infructuosos. (I)
Fuente: El Universo – Nota original: LINK
