La Fiscalía General del Estado inició un proceso penal contra cinco personas por su presunta participación en el delito de peculado, que habrían cometido en la suscripción de un contrato para la adquisición de insumos de bioseguridad –con aparente sobreprecio– por parte de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP).

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Al finalizar la audiencia de formulación de cargos, que se desarrolló en la Unidad Judicial Norte de Guayaquil, un juez dispuso para Donal C., Moisés C., Galo L., Verónica Ll. y Edwin M. las medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación periódica, la prohibición de enajenar bienes inmuebles y muebles, y la inmovilización de cuentas que tengan en sistema financiero nacional.

La instrucción fiscal tendrá una duración de noventa días.

Fiscalía inició una investigación tras las denuncias públicas sobre irregularidades en la suscripción de contratos por parte de la Corporación Nacional de Electricidad, en el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.

Luego de varios meses de trabajo, se determinó que esa Institución habría celebrado un contrato para la adquisición de insumos de bioseguridad con sobreprecio, a través de un procedimiento de emergencia, inobservando la normativa de contratación pública para favorecer a una persona en particular. Este hecho habría perjudicado al estado en más de 200.000 dólares.

Durante la audiencia de formulación de cargos, el Fiscal del caso presentó más de diez elementos de convicción que fueron recabados durante la investigación previa y que permitieron sustentar la acusación fiscal contra los cinco procesados, tres de ellos servidores públicos de CNEL EP.

Debido a que el presunto delito se habría cometido en el contexto de la emergencia sanitaria, la investigación fue llevada por la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria –conformada para este tipo de casos–, a través de la Fiscalía Especializada Antilavado de Activos No. 5.

Información jurídica

El peculado es un delito tipificado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con una pena privativa de libertad de diez a trece años.