Según detalló la fiscal de Pichincha, María Susana Rodríguez, la funcionaria habría ingresado al sistema ciertas características a una compañía que no cumplía con los requisitos para el concurso de contratación pública, cumpliendo con el perfil requerido. De esta manera el 29 de diciembre fue adjudicada. La contratación era de $ 15. 636 mensuales por un año.
De acuerdo con la directora de control del Sercop, Camila Restrepo, no existe perjuicio económico “aún” porque aunque dicha empresa fue adjudicada, no se hizo ninguna transacción económica por parte de la institución pública contratante. El caso se encuentra en investigación.
Restrepo recordó 2 casos anteriores que ya fueron investigados: en uno dos personas fueron detenidas y la operación denominada Eslabón 92 en la que desarticularon una red de criminal dedicada a la manipulación de sistemas informáticos, al tráfico de influencias y a la asociación y enriquecimiento ilícito.
La pena para este delito es de 3 a 5 años: “La pena máxima de 5 años se establece cuando son funcionarios públicos que favorecen a la contratación, específicamente lo que se ha dado en este caso”, explicó Rodríguez.
