El juez ponente, Marco Maldonado, anunció la resolución la tarde del jueves 21 de julio, luego que transcurrió siete días de haberse realizado la audiencia de apelación a la sentencia, desarrollada en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
En esta diligencia intervino la fiscal General Subrogante, Cecilia Armas, quien argumentó que los peritajes realizados durante la investigación, y que fueron presentados como pruebas en la audiencia de juicio, demostraron que los sentenciados incurrieron en el delito atribuído por la Fiscalía.
Los abogados de los sentenciados Esperanza G., Miguel S., y Santiago P. interpusieron el recurso de apelación a la sentencia por argumentar que las pruebas presentadas no son válidas en este caso.
Ante esto, la Fiscal Subrogante enfatizó que las pruebas fueron decisivas para que los jueces del Tribunal de la Sala Penal de la CNJ emitieran sentencia condenatoria, al término de la audiencia de juicio, el 24 de noviembre del 2015. Estas pruebas fueron sustentadas por el fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano.
Según las investigaciones de la Fiscalía, los sentenciados solicitaron 720.000 dólares para gestionar la aprobación de un contrato de renovación de la red de agua potable en Esmeraldas.
