En una audiencia que se realizó la mañana de este martes 30 de enero del 2018, en la Corte Nacional de Justicia, Baca explicó cómo supuestamente, en el 2013, entonces funcionarios de Senagua, abogados particulares y jueces, perjudicaron al Estado por USD 2 218 880.
Según Baca, en ese año Solís solicitó una asignación presupuestaria al Ministerio de Finanzas por la suma de USD 8,1 millones para pagar una acta de mediación con la empresa Ondeo-Degremont.
Esta compañía de origen de francés mantenía diferencias desde 1998 con el Estado por la terminación unilateral de un contrato para la construcción de bombas de agua potable.
Este litigio se resolvió en el 2007 a través de un acta de mediación que ordena el pago de los USD 8,1 millones a favor Ondeo-Degremont. Sin embargo, Baca aseguró que el dinero no se usó para cancelar a la empresa, sino que Senagua usó USD 2,4 millones para cancelar honorarios profesionales de abogados que actuaron en el litigio y el resto se lo devolvió a Fianzas.
Los pagos a los abogados fueron ordenados a través de sentencias que dictaron Cristóbal Macias, del juzgado décimo sexto de Manabí, y Ninfa Benalcázar, jueza quinta de la Niñez y Adolescencia de Manabí.
Ellos ahora también fueron imputados por la Fiscalía. «Jueces ordenando pagos a terceros. Todo como parte de un entramado para disponer de dinero público», dijo Baca. Alembert Vera, abogado de Solís, aseguró que este caso ya fue archivado y que su cliente fue el denunciante de este hecho.
Además resaltó que no existe un informe de la Contraloría con indicio de responsabilidad penal en contra de su cliente.
Tras escuchar a las partes, el juez Luis Enríquez, a cargo del caso, decidió procesar a Solís y los otro cuatro procesados. Además ordenó el congelamiento de sus cuentas y la prohibición de enajenación de bienes.
