La Fiscalía realizó, entre la noche del martes último y la madrugada de este miércoles, tres allanamientos dentro de la instrucción fiscal abierta por el delito de peculado ocurrido en la adquisición de pruebas para COVID-19 por parte del Municipio de Quito y en el que son procesados el ex secretario de Salud del Municipio, Lenín Mantilla, Alejandro V., Diego S., José M., Simón V., Enrique B. e Iván M.

Créditos: Twitter Fiscalía Ecuador.

El 13 de noviembre último, el juez penal de Pichincha, Máximo Ortega, abrió en esta causa una instrucción fiscal de 90 días y ordenó prisión preventiva para Mantilla y Alejandro V., mientras que para el resto de sospechosos dispuso las medidas cautelares de presentación periódica una vez por semana y prohibición de salida del país.

En los allanamientos realizados en los sectores de Quitumbe, al sur de Quito, y Mariscal Sucre y González Suárez, al norte de la capital ecuatoriana, se habrían incautado evidencias entre las que estarían dispositivos electrónicos como teléfonos celulares, computadores portátiles, CP y documentación como sellos, chequeras , comprobantes de depósito que estarían posiblemente relacionadas con los hechos irregulares que se investigan.

Además se habría incautado en la vivienda ubicada al sur de Quito pruebas rápidas, reactivos, extractores sanguíneos, agenda de anotaciones, una credencial de trabajo y un sello de la empresa Salumed. El paso siguiente sería se ordene peritajes para la explotación y el análisis de los elementos incautados.

Uno de los inmuebles allanados estarían relacionados con la empresa Salumed. Allí las autoridades habrían incautado dos computadores portátiles, varios soportes de papel, un CPU y varios sobres con el logotipo SARS-COV2.

Para la Fiscalía todos a quienes formuló cargos tienen algún grado de participación en irregularidades cometidas en la adquisición por parte de la Secretaría de Salud del Municipio capitalino de 100 mil pruebas para Covid-19, en las que habría existido aparentemente un sobreprecio.

En la adquisición de pruebas PCR analizadas el Municipio de Quito habría invertido más de $ 3.7 millones. Respecto a este tema, la Contraloría General emitió, a finales de julio pasado, un informe con indicios de responsabilidad penal en el que se establecen inconsistencias como que no se justificó la necesidad de la compra, los objetivos de la misma, ni tampoco la capacidad de procesamiento de resultados de las pruebas que se pensaba adquirir.

Las operaciones de allanamiento se habían realizado de forma conjunta entre personal de la Fuerza de Tarea de la Fiscalía y la Policía Nacional. 

Nota Original: El Universo – LINK