Este argumento fue sostenido por la fiscal Moreno, luego de la intervención del abogado defensor del procesado Daniel G., quien intentó desacreditar el testimonio anticipado de Ernesto Montenegro, presentado como prueba por la Fiscalía. Montenegro fue sentenciado en este caso a ocho meses de privación de libertad.
Ante esto, la fiscal Moreno explicó que Ernesto Montenegro fue una “prueba principal, pues él jugó un rol fundamental dentro de la estructura paralela que se instaló en el interior de la Policía para otorgar pases. Él era el hombre de enlace entre todos: en el Comando de Policía, en la dirección de Personal y con los reclutadores”.
En su testimonio, Ernesto Montenegro señaló que el procesado Daniel G. le habría facilitado, en calidad de préstamo, 15.000 dólares en el 2013, 13.000 dólares, en el 2014, y 12.200 dólares, en el 2015. En total fueron entregados 40.200 dólares, sin ningún documento que avale esas transferencias de dineros entre los dos procesados.
Los datos expuestos por Montenegro contradice la versión rendida por el procesado Daniel G., en la Fiscalía, quien manifestó que solo vio una vez a Montenegro y que no lo conocía, dijo la fiscal.
Además, en la presentación de sus alegatos, la fiscal Moreno argumentó que con las pruebas expuestas ante el Tribunal Provincial se logró establecer que “los oficiales de policía, que juraron defender y proteger a la ciudadanía, utilizaron a la institución para enriquecerse ilícitamente cobrando por los pases policiales”.
En la continuación de los alegatos de la defensa, hizo su intervención el abogado del procesado Juan T., quien manifestó que su defendido por ser parte de una institución jerárquica, solo cumplía órdenes de su superior, Adril Torres, exjefe de pases policiales y sentenciado en este caso a seis meses de privación de libertad.
Ante esta afirmación, la fiscal Moreno sostuvo que en la extracción de información realizada al teléfono del procesado Juan T. se pudo determinar que recibió llamadas del procesado Alexis C. y de Ernesto Montenegro, quienes también enviaban vía whatsapp las listas con los nombres de los policías, para tramitar los pases, sin sustentos para su ejecución.
Con estos datos la Fiscalía comprobó que existieron conexiones entre Alexis C., Ernesto Montenegro y Juan T., quienes serían las piezas claves para el trámite de pases en la Policía Nacional. Juan T., era analista en la dirección de pases.
Las exposiciones de la Fiscalía y de los abogados de la defensa fueron escuchados en la etapa de debates, por los jueces del Tribunal Provincial de Pichincha. Este juicio inició el 5 de septiembre pasado, en contra de 15 policías y una civil, por el delito de delincuencia organizada. Ellos habrían participado en la venta de pases en la Policía Nacional.
Este caso se hizo público en diciembre del 2015, cuando la Fiscalía anunció que se había desarticulado una red de corrupción en la institución. Dos días después se produjo la salida del máximo jefe de la Policía, el general Fausto T.
Según las pruebas de la Fiscalía, los procesados habrían conformado una red ubicada estratégicamente en distintas dependencias. Varios de ellos tenían la misión de visitar las instalaciones de la Policía e identificar a los agentes que requerían de un traslado, otros receptaban las listas y hacían un trámite documental para que se realicen los traslados.
Por tal razón, las herramientas de investigación utilizadas por la Fiscalía para desarticular la red fueron efectivas, pues se pudo determinar el rol que jugaba cada procesado dentro de la estructura, expuso la fiscal Moreno.
Los ahora procesados se habrían agrupado para tramitar pases y traslados, a cambio pagos que variaban entre 1.000 y 2.000 dólares por cada uno, durante octubre del 2014 y julio del 2015.
En el desarrollo de la audiencia de juicio, los abogados de ocho de los 15 procesados han comparecido en el debate de clausura, en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia, ante los jueces: Maritza Moreno, Eduardo Ochoa y Dilsa Muñoz.
Los sentenciados por la venta de pases
El 3 de mayo del 2016, el excapitán Luis Carrera y el exteniente Ernesto Montenegro fueron sentenciados a 8 meses y 4 días de privación de libertad, en calidad de autores del delito de delincuencia organizada.
Mientras que el 23 de mayo del 2016 a los policías Adril Torres y Jairo Cevallos se los sentenció a 6 y 12 meses de privación de libertad, respectivamente, por este delito.
Ellos solicitaron la aplicación del procedimiento abreviado y se beneficiaron con una rebaja en la pena, previamente aceptaron haber participado en la venta de pases policiales.
A los cuatro sentenciados se les concedió los beneficios de la cooperación eficaz, contemplada en el artículo 493 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece una pena no menor al 10 % de la mínima fijada para el procesado que colabore con información relevante.
Datos:
En este caso, 10 años de privación de libertad podrían recibir los autores y 5 años los colaboradores o coautores, por el delito de delincuencia organizada, tipificado en el artículo 369 del COIP.
En este hecho existe el agravante de que la estructura estuvo conformada, supuestamente por policías en servicio activo, por lo que la pena podría incrementarse.
