En la audiencia de vinculación dispuesta para las 16:00 de este jueves, la fiscal Lidia Sarabia, de la Unidad de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional de Pichincha, formulará cargos, además del extranjero, contra Bryan P., ciudadano que denunció a dos israelitas por negocios que mantuvo para la compra venta de mascarillas y pruebas para COVID-19 , Verónica A. e Isabel M.
En este proceso la Fiscalía investiga a los procesados por conformar un «grupo estructurado para planificar actividades delictivas» en Quito y Guayaquil, entre noviembre de 2019 y agosto de 2020.
Según Sarabia, una de estas actividades fue la obtención de beneficios económicos, varios de ellos en el contexto de la comercialización de pruebas para COVID-19 y de mascarillas, en medio de la emergencia sanitaria.
Fiscalía habría detectado que a partir de esta delincuencia organizada se habrían dado una serie de delitos que van desde enriquecimiento privado no justificado, estafa, uso doloso de documento público, evasión tributaria, hasta delitos contra la vida.
Dentro de este caso existe un diagrama de la organización basado en el análisis de los eventos en los que habrían participado los integrantes ya investigados y al menos uno de los que serán vinculados.
En el organigrama armado en la etapa inicial de investigación mantenía a Shy Dahan, extranjero conocido como «Tom» que fue asesinado el sábado 8 de agosto pasado en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, como el líder financista del grupo; y, en cambio su compañero Shainman Oren, quien será vinculado y según versiones era conocido como «Tarzán», era ubicado en el nivel de ejecutor.
Los agentes de AMT Leandro B., Samuel S. y Cléver A. eran vistos por los investigadores como la «seguridad» de la organización. Varias versiones expuestas por la Fiscalía en audiencia apuntaron que los extranjeros «tenían escoltas que eran agentes de tránsito» o que el pago que hacían por insumos médicos los interesados incluía el costo de la «supuesta seguridad ya que ellos (los extranjeros) aducían que cada vez que iban a la bodega no iban sin escolta y que les cobraban entre $ 1.000 y $ 1.500».
Jacobo Bucaram Pulley, por los señalamientos en diversas versiones que son parte del caso entre ellas la de los israelíes, fue identificado en el organigrama como el comprador de las pruebas para COVID-19. Él fue vinculado al caso el 26 de septiembre pasado, luego de que Colombia lo expulsó por temas migratorios, y se mantiene en la Cárcel 4, en Quito.
Su padre Abdalá Bucaram es parte del organigrama, pues es visto como la persona que se dedicó al acopio de las pruebas para COVID-19.
La jueza de Pichincha encargada de la causa, Ana Lucía Cevallos, como parte de los 120 días de instrucción fiscal, autorizó la extracción, materialización, análisis y preservación de la información contenida en cuatro dispositivos electrónicos (CD, DVD-R).
Nota Original: El Universo – LINK
