La polarización social que vive el país se profundizó luego de las 268 amnistías otorgadas por la Asamblea Nacional, que en buena parte corresponden a ciudadanos judicializados por las jornadas de movilización ocurridas durante octubre de 2019. La legitimidad de esa acción, frente al descontento ciudadano, sobre todo de quienes fueron víctimas directas e indirectas de las paralizaciones, fue motivo de análisis de cuatro panelistas relacionados con el tema.

En Decisiones con Jorge Ortiz, María Paula Romo, exministra de Gobierno, explicó que las amnistías otorgadas por el Legislativo son un mensaje de total impunidad, generado con la aprobación de un informe «que idealiza y romantiza» la violencia que se vivió durante la jornada de protestas.

Romo denunció que en este proceso existe una «amnesia colectiva» y un total abandono a los miembros de la Policía Nacional, que hasta la fecha rinden versiones y tienen juicios, «simplemente por cumplir con su trabajo». De igual forma, señaló que detrás de este polémico proceso se condona secuestros, minería ilegal, invasiones de tierras y otros casos.

La exministra defendió las medidas que generaron el levantamiento de una parte de la sociedad, como la emisión del Decreto 883, donde se eliminaba el subsidio a los combustibles. Aseguró que en ningún país es fácil tomar una decisión de esa magnitud, pero que en la época que se lo hizo no existían recursos suficientes para el Estado, luego de un largo periodo de «derroche y corrupción». Romo legitimó la protesta como una acción de desacuerdo al Poder, pero condenó los niveles de violencia y descontrol que se produjeron por este motivo. «El secuestro de militares y policías no es un mensaje político, sino un mensaje en contra de la existencia del Estado de Derecho», acotó.

En este tema, Romo aseguró que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) ordenó expresamente el secuestro de policías durante las protestas, dejando un saldo de 208 retenidos contra su voluntad.

Romo recordó que, a dos años de los sucesos, ningún miembro de la fuerza policial ha enfrentado cargos, pues estaban en el cumplimiento de sus funciones. Por el contrario, para quienes incurrieron en delitos ya estaban dictadas sentencias, como Yofre Poma, «que ahora trabaja como asesor de uno de los firmantes del informe». Además, señaló sobre Leonidas Iza, dirigente de la Conaie y amnistiado por la Asamblea, también pesaba una sentenciado por invasión de tierras. Con amnistías, «los amigos de Unes y de Pachakutik fueron perdonados», puntualizó.

De su lado, Virgilio Saquicela, vicepresidente de la Asamblea Nacional, recordó que la amnistía es un recurso constitucional para otorgar el perdón a ciudadanos cuando se cometen delitos políticos y comunes, y por ello sugirió en su momento a la Comisión de Garantías Constitucionales analizar los tipos de delito para llevar a cabo el proceso, sin embargo, no se dio paso a su moción.

Saquicela indicó que posterior a las protestas de octubre, la Justicia debió hacer investigaciones, si es que existían las pruebas contra los acusados, sin embargo, no se lo hizo. Por ello, explicó que su voto favorable en las amnistías responde al respeto de la presunción de inocencia de los ciudadanos, pues aseguró que no existían sentencias ejecutoriadas. “Ante todo, debe primar la Justicia”, precisó.

De igual forma, expresó que la motivación que llevó a la convulsión social de aquellos días surgió en respuesta a la eliminación de los subsidios de los combustibles, en un país donde el 80% de la población pertenece a la clase media y pobre, y que se verían afectados por la medida. No obstante, comentó que no se pueden justificar atentados contra la propiedad pública y privada.

Por su parte, Andrés Castillo, abogado y miembro del colectivo «Todos por Quito», informó que se inició una acción de inconstitucionalidad, debido a la prohibición que existe para otorgar este recurso a ciudadanos procesados por delitos como terrorismo, secuestro y atentados contra la vida. «En ese informe (amnistías) existen al menos dos docenas de personas que son investigados por estos delitos», aseguró.

Castillo recordó que anteriormente se pidió a la Comisión de Garantías Constitucionales que se presente las sentencias de las causas, solicitud que fue negada asegurando que no constituía un requerimiento. Por ello, anunció que se llevará adelante un proceso de calificación a los asambleístas de Pichincha para iniciar un proceso de revocatoria del mandato.

Finalmente, el periodista Freddy Paredes, mostró su descontento con la entrega de las amnistías, pues durante la cobertura que realizaba en esas movilizaciones fue secuestrado al interior de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, lugar donde estaban concentradas las dirigencias indígenas que arribaron desde distintas partes del país. Aseguró que se trató de una especie de redada, pues los medios de comunicación fueron convocados a una rueda de prensa, pero posteriormente se iniciaron requerimientos como la transmisión en vivo de lo que sucedía y asegurar que no estaban pasando conflictos en el lugar.

Paredes manifestó su indignación por la agresión de la que fue objeto, por un manifestante que lanzó una piedra que impactó en su cabeza. Lo que podría haber sido considerado como un intento de asesinato, la Justicia lo encausó como lesiones superiores a 30 días, por lo que el culpable recibió una sentencia de 4 meses de prisión.

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